Varias decenas de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Cádiz, concedido por el Ayuntamiento a la firma privada de origen onubense Óbolo, comenzaron este lunes la segunda semana del calendario de movilizaciones con una concentración ante la sede municipal gaditana.
Los impagos en las nóminas de agosto, las dificultades para cobrar un complemento mensual de hasta 200 euros y los incumplimientos de numerosos apartados del convenio, según las afectadas, son los motivos de estas protestas que tienen la plaza de San Juan de Dios como escenario cada lunes y jueves.
La próxima convocatoria, el próximo día 30, coincide con la convocatoria de un pleno municipal al que las trabajadoras y sus representantes anuncian su asistencia.
En una sesión anterior ya manifestaron su malestar con el Ayuntamiento de Cádiz, al que responsabilizan de una concesión fallida, y llegaron a dialogar directamente con el alcalde, Bruno García, tras interrumpir el debate.
Todos los sindicatos convocantes de las protestas y los dos partidos de la oposición defienden la "municipalización urgente del servicio" como única solución para dignificar las condiciones de unas trabajadoras "precarizadas y cansadas de empresas pirata".
Aunque el comité de empresa anuncia la convocatoria de huelga, las fechas y la duración aún no han sido comunicadas. El servicio de ayuda a domicilio en la ciudad de Cádiz atiende a unos 900 usuarios con unos 450 trabajadores.
El comité reprocha al gobierno local su "pasividad y su incapacidad para hacer cumplir a la empresa con las obligaciones que incluye el convenio y estaban reflejadas en el acuerdo firmado hace apenas tres meses, en julio".
El Ayuntamiento de Cádiz destacó entonces que duplicaba el gasto en el acuerdo de concesión del servicio, que pasaba de cuatro a nueve millones de euros.
Apenas unas semanas después, en septiembre, se produjeron los primeros impagos de nóminas que soliviantaron a la plantilla.
Impagos, protestas, pleno, huelga
Las reuniones entre alcalde, empresa y comité lograron reconducir la situación y actualizar parcialmente los pagos. Las afectadas alegan otros muchos incumplimientos y las protestas comenzaron.
Óbolo, por su parte, llegó a plantear su renuncia al servicio de ayuda a domicilio también en septiembre, con el argumento de que no podía garantizar los pagos de todas las cantidades comprometidas, especialmente el complemento de 200 euros mensuales aprobados por el servicio autonómico Sercla.
El Ayuntamiento convenció a la empresa de seguir, aseguró que su renuncia es incompatible con el acuerdo firmado y llegaron las protestas.
"El alcalde debe activar el procedimiento sancionador y pasar al siguiente movimiento: la gestión directa de la ayuda a domicilio desde Asuntos Sociales pero prefiere obedecer a la patronal", lamentan los sindicatos.
"Que garantice el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Sercla, incluso firmados por el alcalde de Cádiz, y gestione de manera directa el servicio", reclaman los sindicatos.
