Mes y medio después del estupor al ver que la nómina de agosto ascendía a unos pocos céntimos, la plantilla del servicio de ayuda a domicilio saca sus protestas a la calle.
Aquel impago salarial, achacado a "un error informático" y parcialmente subsanado en las semanas siguientes, fue el colmo de una "larga lista de incumplimientos" para un colectivo formado por unos 450 trabajadores de los que más de un 80% son mujeres.
Para las trabajadoras, el fallo en el cobro fue una señal de alarma, el gesto que colmaba un largo periodo de sospechas, quejas y temores. Desde ahí, todo han sido negociaciones y promesas que a las afectadas no les bastan.
Este lunes arrancaban las concentraciones ante el Ayuntamiento de Cádiz, en la plaza de San Juan de Dios, que se repetirán dos veces por semana hasta, al menos, el mes de noviembre según el comité de empresa.
"Pedimos que se cumpla lo que aparece en el convenio, con los complementos aprobados por ley, sin problemas de contratación y pago, sin falta de material y personal".
"Desde que Óbolo asumió el servicio municipal en nuestra ciudad ha ocurrido lo que venimos avisando hace mucho tiempo. Desde el primer mes han empezado los problemas, esperábamos que tardara un poquito más", señalaba el presidente del colectivo laboral Óscar Miraut.
"Que el Ayuntamiento se haga cargo"
Mientras hacía esas declaraciones, medio centenar de compañeras con batas blancas, carteles, silbatos y un activo megáfono daba a conocer sus quejas con mensajes constantes a una empresa "pirata" y a "un alcalde mentiroso".
"No estamos cobrando el salario que corresponde, ni los complementos de antigüedad, es el resultado de la gestión del equipo de gobierno con el servicio de ayuda a domicilio de Cádiz", resumía el portavoz ante una protesta pública a la que se sumaron concejales de PSOE y Adelante Izquierda Gaditana encabezados por sus portavoces, Óscar Torres y David de la Cruz.
"Bruno García nos ha metido a trabajar con una empresa de las peores, a pesar de que se lo advertimos"
Plantilla y oposición municipal coinciden en reclamar una solución que consideran una urgencia: la municipalización del servicio que atiende a casi un millar de usuarios en Cádiz entre discapacitados, diagnosticados y mayores con dificultades de movilidad y autonomía.
"Pedimos desde el primer momento que el Ayuntamiento se haga cargo de la gestión directa del servicio", sin contratos de concesión a empresas privadas como es el caso de Óbolo desde agosto.
"Es la mejor manera de solucionar todos los problemas y de evitar encontrarse en empresas pirata. Además, sabemos que así se puede ahorrar un dinero público porque desaparecerían los beneficios empresariales, los gastos asociados o el IVA".
"Aun así parece ser que el señor alcalde prefiere seguir externalizando el servicio, precarizando al colectivo de trabajadoras. A pesar de eso, las empleadas están trabajando correctamente, el servicio se cumple con calidad y todos los usuarios reciban un servicio correcto".
Posible huelga por definir
Esa normalidad en la atención a los usuarios (alrededor de 950 en Cádiz según las propias trabajadoras) podría verse afectada por una huelga que anuncian aunque aún no tiene fechas ni características concretas, según adelantó Miraut.
"Estamos hartas e indignadas por las promesas no cumplidas por la empresa y por el alcalde de Cádiz", declararon en un manifiesto que se leyó a través de un megáfono.
Entre las quejas del colectivo aparecen, por la megafonía, tanto el impago de un complemento de 200 euros mensuales aprobado por el servicio extrajudicial de la Junta de Andalucía como el incumplimiento de subrogaciones a varias empleadas que ya trabajaban con la empresa anterior hasta julio.
"Somos imprescindibles, nuestro trabajo vale y se nota, por eso queremos menos promesas y más soluciones. Le recordamos al alcalde que trabajamos con personas. Bruno García nos ha metido a trabajar con una empresa de las peores a pesar de que se lo advertimos en un pleno municipal ¡Queremos una solución ya!".