Rosa y David tienen dos semanas más, hasta el 7 de julio, antes de ser desalojados del piso público municipal que -admiten- ocuparon sin permiso en la calle Marinero en Tierra número 3 del barrio de Guillén Moreno de Cádiz hace unos diez meses.
Ese desahucio estaba previsto para las 9 de este lunes 23 de junio pero la coincidencia de su salida con las protestas del sector del metal, en el que ha trabajado el joven de forma discontinua, provocan el aplazamiento.
Un criterio de previsión policial aconsejaba dejar el trance para más adelante, aunque la nueva fecha queda pendiente de confirmación documental que los propios parientes de los desahuciados solicitaban este lunes ante el juzgado que entiende del caso.
Ambos veinteañeros tienen dos hijos de 3 y 5 años con los que viven. Su situación es admitida por varias instituciones como "vulnerable" por bajos ingresos y precariedad laboral.
"La falta de ayudas y de alternativas les echa a la calle con una mano delante y otra detrás" según la denunciante asociación Pro Derechos Humanos. Esa situación, alega el colectivo, les habría llevado a entrar en la vivienda vacía.
"La falta de alternativas y la criminalización de la pobreza les echa a la calle con una mano delante y otra detrás"
Minutos antes del anunciado desalojo, hasta un centenar de vecinos, familiares, amigos y representantes de colectivos sociales se concentraba ante la puerta del edificio de viviendas en una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Cádiz.
El creciente rumor de que algunos manifestantes del sector del metal, compañeros del afectado, podrían acudir a Guillén Moreno para sumarse y la posible falta de efectivos policiales, destinados a la cobertura de esas movilizaciones laborales en otros puntos de Cádiz aconsejaron la prórroga en la ejecución judicial.
El caso precedente, presente
Tamara Manzano, mujer diagnosticada de cáncer, con dos hijos y también registrada como vecina en "situación vulnerable" era una de las personas presentes en la espontánea movilización de este lunes.
Ella tuvo que dejar su piso, ubicado apenas a 50 metros del que habitan ahora Rosa y David, el pasado 1 de abril, con un fuerte dispositivo policial y la presencia de varios funcionarios municipales y de Justicia aunque sin incidentes.
La asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía insiste en que este tipo de situaciones suponen "una criminalización de la pobreza" en Cádiz por incluir una denuncia del Ayuntamiento por vía penal: "Es una confirmación del fracaso de las políticas de vivienda pública".
Tanto en el caso de Tamara Manzano como en el de Rosa y David, los desalojados y sus representantes critican la lentitud e incapacidad de las listas de espera de la empresa municipal Procasa para buscar alojamientos dignos y de emergencia para jóvenes padres en situación de vulnerabilidad.
"No podemos primar a los que no cumplen las normas"
Esa hipotética falta de funcionamiento de los sistemas de ayuda se une "un mercado privado de la vivienda que expulsa cada vez a más personas imposibilitadas para pagar los precios desorbitados que se piden".
El Ayuntamiento de Cádiz, a través del alcalde Bruno García de León, insistía el pasado viernes en que otras personas "en situaciones tan complicadas o más" que los afectados de Guillén Moreno tienen preferencia según "el criterio de los trabajadores públicos, cuyo trabajo merece todo el respeto".
El regidor gaditano alega que permitir las ocupaciones ilegales de pisos públicos y dejarlas pasar supondría "priorizar a los que no cumplen las normas que nos hemos dado entre todos, aunque estén en una situación difícil que comprendemos, en perjuicio de otras familias que también tienen dificultades".
