Las 150 trabajadoras del servicio municipal de ayuda a domicilio de Cádiz, concertado con la empresa Óbolo, han decidido ir a la huelga. La asamblea celebrada en la tarde del miércoles respaldaba con un amplísimo apoyo la solicitud formal de fechas concretas a la Junta de Andalucía para convocar las jornadas de paros, parciales o totales según se decida en ese mismo trámite.
La protesta, confirmada de forma pública por el presidente del comité de empresa Óscar Miraut, será la respuesta a un largo rosario de incumplimientos que soportan hace tres años con distintas empresas concesionarias.
Las anomalías han llegado a su situación más grave, afirman las afectadas, desde el primer día de septiembre y se han visto confirmadas en este mes de octubre.
La huelga llega cuando no se han cumplido tres meses desde que llegara una nueva empresa para hacerse cargo del servicio municipal, llamada Óbolo SLU.
Desde entonces, las quejas de las trabajadoras han ido a más por incumplimientos como el impago de las nóminas (de forma absoluta en agosto y parcial en septiembre) además de desacuerdos en la realización de horas extras o el funcionamiento de descansos, vacaciones y bajas.
El colectivo de las coordinadoras, dentro de toda la plantilla, denunciaba esta misma semana que algunas de sus integrantes han tenido que costear material o desplazamientos de su bolsillo, han tenido que realizar las labores de limpieza de la oficina o carecen de herramientas básicas como teléfonos móviles y ordenadores.
Una de las gotas que ha hecho rebosar la paciencia de las trabajadoras es el impago sistemático, durante muchos meses, de un complemento de 200 euros mensuales aprobado hace más de un año en una resolución oficial por el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos, Sercla, de la Junta de Andalucía.
"Hasta el alcalde firmó ese acuerdo y la empresa se niega a hacerse cargo de él", recuerda el comité de empresa para respaldar la solicitud de fechas para una huelga en las próximas semanas.
El servicio de ayuda a domicilio que ofrece el Ayuntamiento de Cádiz a través de empresas concesionarias está encargado de cuidar a unas 3.000 personas vulnerables, bien por ser mayores, bien por sufrir algún tipo de enfermedad o discapacidad que las hace dependientes total o parcialmente.
Las empleadas y sus coordinadoras denuncian que las graves carencias materiales y los incumplimientos en descansos, bajas o vacaciones "disparan la ratio de personas atendidas que cada trabajadora debe asumir" por lo que "la calidad del servicio sufre una merma muy importante".
El alcalde "exige" a la empresa que cumpla
El alcalde Bruno García de León, responsable del servicio de forma indirecta al tratarse de una concesión municipal, insiste en que el Ayuntamiento "no va a parar de reclamar el cumplimiento de todas las condiciones laborales, lo vamos a exigir, no nos vamos a cansar".
El propio gobierno local, representado por el regidor y el concejal delegado de Asuntos Sociales Pablo Otero, han mantenido reuniones con la plantilla y la empresa para decir "a la cara y con toda claridad" que el acuerdo de concesión firmado en agosto debe "cumplirse en todos sus apartados" pero las nóminas y las condiciones de trabajo siguen sin normalizarse según las trabajadoras.
Tanto el comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio como los dos partidos de la oposición municipal, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, reclaman la inmediata "municipalización del servicio" como única garantía del cumplimiento de los pagos y la normalización de la actividad.