Aún pueden oírse las expresiones de sorpresa y extrañeza provocadas por el consejero de Justicia cuando reivindicó, hace tres semanas, que el estadio del Cádiz Club de Fútbol deje de llamarse Nuevo Mirandilla vuelva a llamarse Carranza.
José Antonio Nieto, en una entrevista radiofónica, llegó a calificar de "capricho" la denominación oficial adoptada en el año 2019 por el gobierno local presidido por José María González Kichi.
Con el gobierno municipal de Bruno García decidido a dejar ese incómodo, simbólico y minúsculo debate metido en un cajón hasta el final del mandato, aparece con menos fuerza -la que siempre aporta el fútbol- otro similar.
La diputada de Sumar en el Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, ha pedido en la cámara estatal que el puente José León de Carranza (inaugurado en 1969) pase a llamarse Rafael Alberti.
El argumento utilizado para cambiar la denominación es el mismo que en el caso del estadio de fútbol, el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por rendir tributo a dos autoridades franquistas -padre e hijo en el caso de los Carranza- que ejercieron como alcaldes de Cádiz por designio del dictador.
Esta petición llegaba esta última semana de mayo al pleno municipal ordinario. Los dos partidos de la oposición local, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, apoyan el cambio de Carranza a Rafael Alberti que Sumar ya ha enviado al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente.
Que corra el tiempo
El grupo popular en el Ayuntamiento de Cádiz ha optado, como en el caso del estadio, por dejar correr el reloj, decirle a todas las partes que sí y ponerse de perfil en un debate en el que tiene mucho que perder y nada que ganar.
Los populares del gobierno local apoyan el cambio de nombre, aplauden la opción de Rafael Alberti pero recuerdan que también hay otras propuestas, originadas en sindicatos, como puente de los astilleros o puente de la Bahía obrera, por lo que dejan en manos del Ministerio de Transporte, para que decida.
El Ministerio de Memoria Democrática y la Demarcación de Carreteras, dependiente de Transportes, serán los estamentos que tengan la última palabra en un expediente que, como en el caso del estadio, puede demorarse el tiempo suficiente como para caer en el olvido antes de la siguiente legislatura y el próximo mandato municipal.