El sindicato UGT ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Cádiz por presuntas irregularidades en el tercer ejercicio del proceso selectivo para cubrir 12 plazas de Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Cádiz. La acción, liderada por el secretario provincial de UGT Servicios Públicos, se produce tras semanas de advertencias públicas y análisis técnico-sindical, ante la falta de respuesta institucional por parte del consistorio gaditano.
UGT ha solicitado medidas cautelares urgentes para paralizar el proceso, con el objetivo de evitar perjuicios irreparables si el procedimiento avanza sin garantizar la igualdad de condiciones ni la legalidad. El sindicato se ha personado formalmente en el expediente, advirtiendo que exigirá responsabilidades.
Entre las anomalías señaladas, UGT destaca la intervención de personal ajeno al tribunal en la recogida de exámenes, lo que comprometería la cadena de custodia, así como la falta de anonimato en la prueba de informática. También se denuncia el incumplimiento de las bases del proceso, como la no entrega de los exámenes por correo electrónico, según lo estipulado, y la realización de la prueba en dos turnos con marcadas diferencias horarias.
Además, el sindicato ha apuntado fallos técnicos en los equipos informáticos, un entorno inadecuado para la prueba y cambios de criterio durante el examen, lo que generó confusión entre los aspirantes. UGT también critica las instrucciones contradictorias y la baja tasa de aprobados, que no supera el 10%, un patrón que, según el sindicato, se repite en convocatorias anteriores.
Sin reunión con el alcalde
El sindicato ha lamentado la negativa del alcalde de Cádiz, Bruno García, a reunirse con más de 100 aspirantes afectados, quienes reclaman justicia y transparencia. Según UGT, el regidor ha alegado tener una agenda ocupada, lo que ha generado críticas por su falta de atención a las demandas de los opositores, a quienes se refiere como un colectivo que siente que el sistema les ha fallado.
UGT ha advertido que no permitirá que el proceso continúe sin consecuencias y que actuará en todas las vías necesarias para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades. El sindicato confía en que la intervención de la Fiscalía obligará al Ayuntamiento a abordar las irregularidades denunciadas, subrayando que la credibilidad de la institución está en juego si no se toman medidas para corregir esta situación.