"Absolución de los encausados por luchar por condiciones de trabajo dignas" y "Contra la represión: solidaridad de clase" eran los lemas de la manifestación que recorría esta tarde la avenida central de Cádiz.
Unos 700 participantes, según los organizadores -unas 400 según la Policía Local- recorrieron la distancia entre los juzgados de San José (en el entorno del hospital Puerta del Mar) y el Ayuntamiento de Cádiz, en la plaza de San Juan de Dios.
Entre los asistentes llamó la atención de los participantes la presencia del anterior alcalde de Cádiz (2015-2023) José María González Kichi y de la ex parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez.
Los colectivos sindicales convocantes, Confluencia Sindical, Coordinadora de Trabajadores del Metal y CGT Andalucía, protestaban así por lo que consideran un exceso de celo policial tras los disturbios que consideran justificados por sistemáticos incumplimientos patronales.
Varios de sus representantes lamentaron también, este viernes y en la víspera, la posible existencia de "despidos en represalia" contra trabajadores de empresas auxiliares de Navantia por haber ejercido su derecho a huelga más allá del 27 de junio.
Esa fue la fecha en la que la patronal y el sindicato mayoritario UGT acordaron el final de la movilización tras alcanzar un acuerdo de mejora del convenio que los manifestantes de este viernes, vinculados a los tres grupos sindicales convocantes, no comparten.
24 personas detenidas desde el 18 de junio
Las investigaciones relacionadas con la llamada operación Fuego han provocado 24 detenciones a resultas de los disturbios registrados durante la huelga del sector del metal el pasado mes en la ciudad, especialmente concentrados en la jornada del 18 de junio.
La nueva marcha de los manifestantes, que comenzaba a las 19.30 horas, provocó un notable atasco de tráfico en las vías paralelas y transversales a la avenida central de Cádiz por los desvíos de vehículos ordenados por la Policía Nacional.
Algunos de los convocantes acusaron en la víspera al alcalde de Cádiz, Bruno García, de personar al Ayuntamiento que preside como acusación particular.
Tanto los servicios jurídicos municipales como el propio regidor, que incluso mostró una notificación judicial que respaldaba sus palabras, niegan que la Alcaldía o ningún departamento municipal haya ejercido "acusación alguna, ni pública ni particular".
La administración municipal rechaza que haya iniciado acción legal alguna contra los trabajadores del sector del metal detenidos o investigados. "Contra ninguno, contra nadie, es falso", insistía Bruno García ocho horas antes de que comenzara la movilización de protesta.
