La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) lanzaba este jueves a través de su redes sociales un reproche público al Ayuntamiento de Cádiz.
"Bruno alcalde o alcaide. El Ayuntamiento de Cádiz se presenta como acusación contra el metal. El que faltaba para el duro. Nuestro querido alcalde siempre en su línea. Duro con los débiles, servil con los poderosos", era el contenido íntegro del tuit.
El desmentido del Ayuntamiento de Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz, a los pocos minutos, desmentía este señalamiento.
Según los servicios jurídicos municipales, "el juzgado, como es común en caso de disturbios públicos o daños en el mobiliario urbano, remite a la administración municipal un requerimiento de oficio por si quiere emprender acciones como perjudicado".
"Esta propuesta nunca sería una acusación particular y, en cualquier caso, este ayuntamiento ha rechazado ese ofrecimiento así que ni siquiera se personará como perjudicado, mucho menos como acusación pública o particular".
"Es falso, o en el mejor de los casos erróneo, decir que el Ayuntamiento de Cádiz se haya personado, acuse o denuncie a nadie en relación con los incidentes de la reciente huelga del metal".
Protesta en los juzgados este viernes
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado una manifestación para este viernes 18 de julio, a las 19.30 horas, una marcha entre los juzgados de San José y el Ayuntamiento, en la plaza de San Juan de Dios.
La cita es presentada por los organizadores como "respuesta a la represión policial" tras la huelga celebrada el pasado mes de junio. Las detenciones relacionadas con los disturbios registrados, especialmente, el miércoles 18 de junio se han elevado a 24.
La última, dentro de la llamada operación Fuego, se produjo este miércoles después de que el acusado se presentara voluntariamente en la Comisaría Provincial por saber que era investigado.
Como motivo añadido, CGT afirma que se están produciendo "despidos como represalia" contra trabajadores que prolongaron la huelga más allá del acuerdo del 27 de junio entre UGT y patronal.
Esos despidos irregulares se habrían producido, aseguran, en pequeñas empresas auxiliares y contratas que trabajan para las grandes factorías públicas como Navantia.
"Detienen, piden fianzas millonarias y ahora empiezan los despidos. Es la segunda fase de una estrategia para arruinar laboral, social y familiarmente a quienes han dado un paso al frente por la dignidad de todos", denuncia CGT en un comunicado.
