Europa Laica denunció al Ayuntamiento de Cádiz por otorgar la Medalla de Oro de la ciudad a la patrona, la Virgen del Rosario, por considerar que no tenía validez al vulnerar el reglamento de Honores y Distinciones y el carácter aconfesional del Estado, rechazando también que el Consistorio le atribuyera “varios milagros como acabar con la peste, la fiebre amarilla y el maremoto que asolaron la ciudad en siglos pasados; algo que resulta de todo punto inaudito y nada serio tomar en consideración en pleno siglo XXI”.
La sala segunda de lo Contencioso-Administrativo es la encargada de juzgar estos hechos y de decidir si la Medalla de Oro fue válidamente concedida a la patrona o si por el contrario esa decisión tiene que ser revocada y la medalla devuelta al Ayuntamiento por parte de los padres dominicos. El gobierno local asegura que acatará la decisión que tome la Justicia. "Nosotros no vamos a declarar, pero hemos leído que otros ediles de la oposición sí lo van a hacer y finalmente será el juez quién decida si es o no procedente… nosotros actuaremos en consecuencia”, decía la jornada previa la edil Ana Fernández en declaraciones recogidas por Andalucía Información.
El teniente de alcalde Martín Vila, de Ganar Cádiz en Común, señala que en este caso "hubo diferentes sensibilidades dentro del propio equipo de gobierno, nosotros votamos en contra de otorgar esa medalla, pero estamos en otro ámbito". Los concejales Mercedes Colombo, José Blas Fernández, Juan José Ortiz (todos ellos del Partido Popular) y Juan Manuel Pérez Dorao (portavoz de Ciudadanos), como miembros de la comisión de honores y distinciones del Ayuntamiento, declararon en calidad de testigos, y además compareció en calidad de perito el historiador Francisco Glicerio Conde, en defensa de la concesión de tal distinción.
La defensa de los padres dominicos no considera como legítimas las críticas por parte de una entidad 'ajena' a la ciudad, que rechaza "un tema que es exclusivo y excluyente de los ciudadanos de Cádiz” y que la concesión fue solicitada por 5.741 personas físicas y una treintena de entidades de la ciudad. El acto fue "discrecional, en ningún momento sometido a irregularidad, presión, coacción ni nada de eso", señala el abogado de los dominicos durante la vista de un proceso que ya espera resolución.
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