El alcalde de Cádiz, José María González, ha presentado hoy la Prestación Municipal Complementaria a la intervención social, también denominada Ayuda Única, que supone una remodelación en la gestión de Asuntos Sociales, a través de un sistema pionero que permitirá unificar trámites y prestaciones para garantizar las necesidades básicas de las familias “con dignidad y autonomía”, permitiendo al mismo tiempo una mayor intervención social.
100 familias gaditanas –el Ayuntamiento de Cádiz atiende a más de 3.000– han sido seleccionadas por las trabajadoras sociales de la delegación municipal de Asuntos Sociales para entrar en el programa de Ayuda Única. En rueda de prensa, el alcalde ha repasado los pasos que ha ido dando el Equipo de Gobierno desde su llegada al Ayuntamiento para cambiar la gestión y la metodología de trabajo que se llevaba a cabo en la delegación de Asuntos Sociales con el objetivo de pasar “de un modelo asistencialista a uno garantista”.
Dos horas después de la rueda de prensa, el portavoz socialista, Óscar Torres, quiso señalar que dicha medida "tiene el sello socialista", además de recordar que fue uno de los acuerdos en la negociación de los presupuestos muncipales de 2022.
Pugnas aparte, la puesta en marcha de la Ayuda Única, que supone “un cambio drástico” en el modelo de gestión para dar cobertura a las necesidades básicas de las familias. Como ha explicado el alcalde, se viene trabajando durante años desde Asuntos Sociales en este proyecto, que es “complejo tanto por su encuadre normativo como por el cambio se va a producir tanto en la atención como en su propio protocolo y gestión”.
La Ayuda Única se va a implantar de forma progresiva, ya que supone desarrollar un modelo de intervención social diferente que cuente con la participación de las familias en su propio proceso de mejora, “un cambio de metodología en el trámite de prestaciones que resulte integradora, rehabilitadora y digna, de manera que se posibilite y potencie la capacidad de autogestión de las familias”.
En esta línea, la concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, ha explicado que se trata de un “cambio de paradigma que queremos que se quede para siempre y, por ello, vamos a ser prudentes a la hora de su implantación”. De esta forma, tras la adaptación de los sistemas informáticos y procesos de formación de la plantilla que se han llevado a cabo, se va a comenzar a trabajar con un grupo piloto de alrededor de 100 familias que reúnen los requisitos necesarios y que ya han sido seleccionadas por las trabajadoras sociales en base a la baremación económica y social establecida en los protocolos.
Unificación de prestaciones y menos burocracia
Fernández ha aseverado que la Ayuda Única es “una estrategia clara contra la pobreza y la exclusión social” que, entre otras cuestiones, va a permitir unificar 19 trámites y convertir las 19 prestaciones preexistentes en cinco, que son la prestación económica periódica, la prestación económica puntual, la cobertura energética anual de electricidad, el suministro vital de agua y la tarifa reducida para pensionistas de luz y agua.
Este nuevo sistema conlleva, además, “un empoderamiento de las familias y del trabajo social”, ya que “no se trata de una ayuda que se pida”, sino que “en base a unos baremos establecidos, es la trabajadora social la que prescribe lo que la familia necesita” para establecer conjuntamente ambas partes la intervención y el seguimiento pertinente.
En cuanto a las fases, ha explicado que la Ayuda Única se articula en una fase previa de diagnóstico, una de intervención acordada con las familias y una fase de seguimiento y evaluación. El criterio económico dependerá de las necesidades y la situación de cada familia, con ayudas que irán desde 59 a 800 euros. Dicho criterio irá ligado a una temporalidad, que puede oscilar de tres a seis meses, hasta un año, con la posibilidad de prórroga.
Se trata, en definitiva, de poder incrementar la intervención social con las familias, adecuar a sus necesidades la actuación y el acompañamiento para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan “salir de ese círculo”, avanzando de esta forma en la transformación de un modelo asistencialista a uno garantista. Por eso, la Ayuda Única tiene un carácter social transversal, que da cobertura a personas que necesiten gestionar la Ley de Dependencia o que tengan problemas de drogadicción.
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