Cádiz sufre una severa carencia de vivienda de alquiler asequible y permanente. La padecen cientos de municipios en España, pero el caso gaditano incluye alguna peculiaridad. El envejecimiento acelerado de la población y la falta de suelo —en una ciudad sin espacio físico en su periferia— son dos de las más influyentes.
Tres madres que viven donde no quieren y con ocho menores de edad a su cargo escenificaron este lunes una situación de crisis social con la concentración conjunta que realizaron en el acceso principal al Ayuntamiento de Cádiz, en la plaza de San Juan de Dios.
Cada uno de los tres casos tiene matices aunque coinciden en un punto: es imposible encontrar alquileres que puedan pagar y de larga duración porque las listas de vivienda social no avanzan y el mercado de arrendamiento está desbocado, expulsa a los más débiles.
El episodio de Tamara Manzano está vinculado a un desahucio, en Guillén Moreno, de un piso público que había ocupado sin permiso, "por desesperación". La Administración le reconoce un grado de vulnerabilidad social y está diagnosticada de cáncer. Tiene dos hijos menores.
Asegura que no tuvo alternativa para entrar en el piso de la calle Marinero en Tierra, del que salió entre funcionarios y policías el pasado 1 de abril. Desde entonces, denuncia, no tiene más alojamiento que pensiones y casas de familiares.
La ruta del desalojo a la infravivienda
Lorena Peña es otra de las que muestra una pancarta y muchas lágrimas. Vivía en un piso con ayuda municipal pero "el Ayuntamiento dejó de pagar, me separé de mi marido y no podía con el alquiler. La deuda se hizo grande", explica a lavozdelsur.es.
El 9 de mayo fue a juicio. El casero le perdonaba la deuda si se iba en 15 días y así fue. "Me libré de la deuda, pero ahora vivo en un trastero en el barrio del Mentidero. No tengo a dónde ir".
"Vine al Ayuntamiento a compartir mi situación, pero todavía no hay solución". Sus dos hijos menores, de 13 y 8 años, están acogidos temporalmente por sus tíos.
Khaoula Ben-Kassem es una de las vecinas de Javier de Burgos, 19. Es la vivienda, propiedad de la sociedad pública Sareb (banco malo) que ha pasado a ser conocida "como casa de los horrores".
La finca fue comprada por la institución estatal en 2021 tras las deudas fiscales contraídas por el anterior propietario privado. La insalubridad, el deterioro y la suciedad no han dejado de crecer desde entonces. Presenta un estado deplorable.
Grietas, agujeros en techos y suelos, puntales para evitar más caídas, cables sueltos, pisos sellados y abandonados, cañerías rotas, derrame de aguas fecales, humedades por todas partes, cucarachas y ratas.
La diferencia de Khaoula respecto a sus vecinos es que es la única ocupante del inmueble con cuatro menores a su cargo. Asegura que Sareb le ha llegado a enseñar pisos en San Fernando pero demasiado pequeños, además de suponer un complejo desplazamiento diario.
Esta última madre es la más contundente al resumir su situación y sus peticiones: "Los hijos de los políticos han tenido suerte de nacer en una familia así, como la que tienen, más o menos rica. Pero los míos, los nuestros, no son bichos y no merecen vivir así".
"Estos tres casos son sólo una muestra de lo que hay en Cádiz, hay muchísimos más", afirma Pro Derechos Humanos
La entidad convocante de la protesta es Asociación Pro Derechos Humanos. Su representante, Miguel de Frutos, resalta que estos tres casos sólo son un pequeño ejemplo, "una muestra de lo que hay en Cádiz. No son tres casos aislados, hay muchísimos más".
"Se van los jóvenes y se pierden servicios públicos básicos"
"La vivienda es el problema más importante que tiene Cádiz. Se van los jóvenes y se pierden servicios públicos básicos. Se vulneran los derechos humanos. Ponemos carteles en cada solar en el que pueden construir viviendas públicas para alquiler social. Pero nada".
De Frutos acusa al Ayuntamiento de Cádiz de "fomentar la construcción de renta libre y la ciudad no necesita eso. Necesita que se construya para los gaditanos. Aquí vemos los casos de estas tres personas pero mañana probablemente haya más, son muchos más".
El colectivo vecinal Cádiz Centro estima en 700 los alquileres que se precisan con urgencia en la Bahía para situaciones similares
Marisa Campos, de la asociación de vecinos Cádiz Centro, resalta lo que considera una ironía colectiva: "Llevamos semanas con conflictos laborales que cierran la ciudad a cal y canto. Por un convenio colectivo se paraliza la vida de todos".
Con esa premisa, la dirigente vecinal se pregunta "¿Qué hay que hacer para conseguir vivienda para la gente que están viviendo en las situaciones que habéis visto? ¿Qué habría que paralizar, qué habría que cerrar?".
Campos cree que los casos urgentes de necesidad de alquiler, como los de las tres concentradas, suman unos 700 en la comarca. "Son 700 las viviendas que necesitamos en toda la Bahía de Cádiz. Necesitamos ya que se construya vivienda social en alquiler".