Una mujer colocando el cartel de 'Se alquila'.
Una mujer colocando el cartel de 'Se alquila'.

El colectivo Calle Viva ha organizado un debate abierto en Cádiz donde se trataron los problemas que generan las viviendas turísticas en la capital gaditana y qué medidas se pueden tomar para limitarlas. Ha sido el primer encuentro organizado por este colectivo que pretende crear una alianza vecinal que ejerza presión a los partidos políticos locales para que limiten la oferta de viviendas con fin turístico mediante una ordenanza municipal y mientras esto ocurre, se aplique una moratoria en la concesión de licencias.

En el debate se plantearon diversas cuestiones relacionadas con cómo están cambiando nuestros barrios por el actual modelo turístico que choca con los derechos de la población. Ya sabemos las características de la ciudad, la falta de suelo, el alto número de viviendas vacías y las 1.315 viviendas turísticas existentes, y esto provoca que la población residente se marche a municipios cercanos u otras ciudades por la imposibilidad de poder vivir en su ciudad, que poco a poco se está convirtiendo en un parque temático. Ante esta situación, todos los colectivos abogaron por defender a los vecinos y vecinas frente al impacto del turismo sin control y la expulsión de la población de sus hogares. “Es una realidad que nos estamos quedando sin vecinos y vecinas en los barrios, que los precios del alquiler están subiendo de manera considerable y que no se puede acceder a una vivienda de alquiler anual porque la mayoría está destinada al alquiler de temporada o turístico” comentan desde Calle Viva.

Un momento del encuentro convocado por el colectivo Calle Viva en Cádiz. FOTO: KIKO MONTES

En el debate abierto, además de debatir en torno a las cuestiones anteriores, se presentó a los colectivos asistentes una serie de propuestas, las cuales se presentaran al Ayuntamiento de Cádiz para que las tenga en cuenta de cara a una posible regulación del “boom de las estancias cortas”.

Entre estas propuestas, apostamos por una tasa turística que vaya en beneficio de la ciudad como ocurre en Cataluña o Baleares o que se aplique como ocurre en Málaga una tasa de basuras industrial que repercuta en las viviendas con fin turístico y que ha recaudado 226.909,16 euros. Con esta medida no se pierden turistas -como ocurre en Barcelona- y beneficia a la ciudadanía que soporta la actividad turística en diversos proyectos. “La tasa turística no es una medida antiturística ni nuestro colectivo lo es, pero frente a un turismo depredador, apostamos por un modelo turístico de convivencia, inclusivo, que no destruya la ciudad, que defienda a la población, que cree empleo de calidad y que defienda a los trabajadores y trabajadoras” apuntan desde el colectivo.

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