Las agresiones a sanitarios en Andalucía se han convertido en una lacra sin límite, hay una cada diez horas. De hecho, el incremento de la conflictividad en los centros sanitarios va a más y los últimos datos del Comité Sectorial de Seguridad y Salud reflejan que las 1.866 agresiones registradas el pasado son 302 más que el año anterior y la cifra más alta desde que se registran estos lamentables hechos que son físicos y/o verbales. El último episodio en la provincia de Cádiz sucedía este pasado lunes en el centro de salud El Olivillo, en Cádiz capital.
Según ha podido saber lavozdelsur.es, una usuaria, disconforme con las explicaciones que se le estaban dando, agredió físicamente a un médico residente (MIR) de primer año). "Volvió más tarde escupiendo a otros profesionales sanitarios", han relatados testigos presenciales.
Activación del Plan de Prevención y juicio rápido
Ante estos hechos, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones. Los hechos se produjeron este pasado lunes, fueron denunciados, y este mismo martes estaba previsto que se celebrase el juicio contra la presunta agresora.
La usuaria intentó irrumpir en una sala de Enfermería exigiendo una cura no indicada; el facultativo intentó dialogar en la sala de espera con esta persona, quien, finalmente, lo agredió físicamente.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo y la Gerencia del Distrito han lamentado lo sucedido y han mostrado todo su apoyo a este profesional; una vez más, quieren recordar que la Consejería trabaja incansablemente contra esta lacra, cuya responsabilidad recae únicamente en los que agreden.
Críticas de CSIF: "No sirven los actuales protocolos"
Para CSIF, ha señalado a este periódico, "es lamentable que la Dirección-gerencia del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda no tome las medidas oportunas para que evitar, o al menos minimizar, este tipo de conductas violentas contra el personal de la sanidad pública". "El centro El Olivillo —han añadido— no tiene personal de seguridad ni parece que a la administración sanitaria le interese que haya".
En este sentdio, la central reclama que haya profesionales de la seguridad en cada reunión del Comité de Seguridad y Salud. Además, advierten, "esta es una muestra más de que los protocolos contra las agresiones del SAS no funcionan de ninguna manera. Es necesario que se revisen, se actualicen y que las sanciones sean más contundentes, puesto que las agresiones siguen saliéndole muy baratas a quienes las cometen".
El Distrito ha convocado para el próximo viernes 12, a las 13.00 horas, en la puerta del Olivillo una concentración de repulsa por la agresión sufrida por este sanitario y en apoyo de todos aquellos profesionales que sufren la violencia en sus centros.
La Consejería cuenta con diversos instrumentos de lucha incluidos en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la creación de la figura del ‘profesional guía’; la implantación de canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; atención psicológica durante el tiempo que sea necesario; o la formación a la plantilla para hacer frente ante episodios de violencia.
La provincia de Cádiz cuenta además con una comisión provincial contra las agresiones a profesionales de los centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del SAS y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales.
Estos encuentros, en los que participan los referentes en materia de agresiones de hospitales, distritos, áreas sanitarias y del 061 en la provincia, se celebran trimestralmente en un punto diferente. Asimismo, son integrantes de la comisión, presidida por la delegada territorial, los interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, así como el interlocutor sanitario, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo.
Sindicatos relacionan el imparable aumento de las agresiones a sanitarios como una indeseada consencuencia del desmantelamiento del sistema de salud público y de los problemas de falta de recursos humanos y materiales que sufren sus profesionales.