En muchos ámbitos profesionales, cuando se presenta una dimisión se da por sentado que siempre será aceptada. En el campo administrativo e institucional no está tan claro. El gobierno municipal de Cádiz dice rechazar la renuncia de la empresa que presta servicio de atención domiciliaria a unas 3.000 personas con algún grado de dependencia o discapacidad en la ciudad.
Tanto los prestatarios de esta ayuda a domicilio como los receptores son en una gran mayoría mujeres. El primer día de septiembre, la oposición municipal ya alertó de que la nueva empresa concesionaria, Óbolo, no había pagado las nóminas a los empleados y que se repetían las graves alteraciones administrativas a pesar de que la firma se hizo cargo del servicio en agosto.
Apenas un mes de la nueva etapa y ya volvían las dificultades con las trabajadoras que llevan más de dos años de continuas movilizaciones por "la precarización del servicio privatizado" con distintas compañías.
Óbolo se desmarca con un anuncio sorprendente
Óbolo sorprendió a todas las partes al anunciar, tan pronto, que no podía hacer frente a una subida salarial de unos 200 euros por trabajador y mes, respaldada por una resolución del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de la Junta, el Sercla.
El alcalde Bruno García garantizaba la continuidad del servicio de ayuda a domicilio "con toda normalidad" pocas horas después del anuncio sin aclarar cómo resolvería el amago de renuncia de Óbolo por cuestiones económicas.
Ahora, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz dice que no se rinde, que exige a la empresa que cumpla con lo firmado hace apenas dos meses y eleva al pleno municipal de este jueves una propuesta "para rechazar la solicitud presentada por la empresa Óbolo de resolución de mutuo acuerdo del contrato que firmó el pasado 1 de agosto".
El Ayuntamiento de Cádiz entiende que lo firmado hace apenas 60 días tiene validez y que la empresa debe cumplir "como adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio".
La respuesta que se le da a Óbolo se justifica en "la falta de elementos objetivos que se hayan podido producir desde el día en que firmó el contrato de prestación de servicio, comprometiéndose así a cumplir en todos sus términos lo que el mismo recoge".
El equipo de gobierno alega además que la empresa no ha presentado en ningún momento renuncia al contrato y sí una "solicitud de resolución" que este jueves será rechazada en el pleno gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular.
Reunión de las tres partes y tregua
La empresa Óbolo, según el Ayuntamiento, comunicó este martes al comité de empresa que iba a abonar todos los conceptos incluidos en los acuerdos que asumió al firmar el contrato, incluidos los conflictivos 200 euros de su vida.
"Previamente se produjo una reunión entre el comité de empresa, el alcalde y el teniente de alcalde de Servicios Sociales, Pablo Otero, en la que se comunicó el rechazo a la solicitud de la empresa de resolver el contrato y las gestiones realizadas para que asumiera su compromiso", lo que Óbolo habría acatado tras el encuentro.
Las mismas fuentes municipales dicen "entender el malestar de los trabajadores" pero asegura que existe un "compromiso para encontrar una solución que proporcione estabilidad a las trabajadoras y permita que la empresa cumpla con lo recogido en el contrato firmado".
"Óbolo sigue mostrándose dispuesta a continuar con el servicio. Algo que ya nos ha comunicado a nosotros y a los propios trabajadores", concluye el Ayuntamiento.