"Esto es una vuelta al pasado, ni Franco estableció esta medida"

Juan Carlos Campo, nuevo ministro de Justicia, en una imagen de archivo. FOTO: ESTEFANÍA ESCORIZA.
Juan Carlos Campo, nuevo ministro de Justicia, en una imagen de archivo. FOTO: ESTEFANÍA ESCORIZA.

La prisión permanente revisable saltó hace unos meses a la opinión pública tras la muerte del pequeño Gabriel. Anteriormente, el padre de la madrileña Diana Quer, junto a las familias de Marta del Castillo; Mari Luz Cortés; Ruth y José; Candela y Amaia pidieron al Congreso de los Diputados que no aprobara la proposición de ley para su derogación. Tras la condena de nueve años de prisión a 'La Manada', por un delito de abuso sexual continuado de la chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016 y no por violación, las alarmas han vuelto a saltar. La sociedad se ha mostrado indignada ante la benevolencia de una condena tan reducida, además del hecho de no haber sido considerado como violación.

La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad que existe en el Código Penal español. Fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, con los únicos votos a favor del Partido Popular. Como su propio nombre indica, la prisión permanente revisable es una pena de cárcel, en principio por tiempo indefinido, sujeta a revisiones que pueden servir para que el reo recupere la libertad. El objetivo de esta pena es impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad, poniendo en peligro la seguridad de las personas. Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel, según la gravedad de las penas (artículo 76), aunque reconocía el cumplimiento sucesivo de penas en caso de acumulación. 

En este hilo, este lunes se celebraba en Cádiz una mesa redonda organizada por APDHA contra esta medida, contando con la participación del fiscal de la Audiencia provincial, Ángel Núñez, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, María Acale, y el portavoz de Justicia en el Congreso y diputado por la provincia de Cádiz, Juan Carlos Campo. El primero en intervenir fue el fiscal Núñez, quien realizó un análisis contextual para explicar cómo se ha llegado a la situación actual. "Actualmente el único objeto de preocupación sobre los comportamientos sociales o delictivos es la inocuización de los autores por medio de progresivos incrementos de las penas", aseguraba.  

Ángel Núñez, fiscal de la Audiencia provincial. FOTO: ESTEFANÍA ESCORIZA.

Además, una de las cuestiones que planteaba es el sentimiento colectivo de inseguridad ciudadana que no se ajusta a los parámetros reales, ya que "la gente suele sorprenderse al ver que el código penal es bastante más duro de lo que imaginaban". En los últimos años asistimos a un constante descenso de las cifras de delincuencia y a un aumento de la sensación de inseguridad ciudadana. Otro de los rasgos que destacaba el fiscal era el del protagonismo que alcanzan los intereses de las víctimas. "Uno de los rasgos de esta época es la criminalización de ciertos discursos, es muy fácil hacer demagogia". En este sentido, considera que las víctimas tienen que tener una participación limitada para no condicionar los intereses públicos. "Ninguno cuando somos víctimas podemos ser objetivos o imparciales".  

"Nuestros políticos en vez de hacer política criminal hacen política con la política criminal"

Por su parte, la catedrática María Acale también mostró su oposición a la prisión permanente revisable de una forma muy crítica. "En muchas ocasiones, nuestros políticos en vez de hacer política criminal hacen política con la política criminal, pero les importa muy poco la verdadera política criminal", señalaba. Según la catedrática, a la sociedad se le ha transmitido la idea de que cuanta mayor sea la pena al agresor, más protegida está la víctima. "Me ha dado mucha lástima estos días oír a los padres de Diana Quer decir que esta sociedad necesita la prisión permanente revisable para estar protegida, y yo me pregunto ¿cómo puedes decirlo si a tu hija no le ha servido de escudo, si a tu hija la han matado cuando estaba esa pena de prisión permanente revisable ya en vigor?". Asimismo, puso en manifiesto las dudas que plantea esta propia condena, ya que se desconoce cómo será la revisión de la pena. "Yo no sé cuál es el tribunal que se va a encargar de revisar esa condena, y me hace preguntarme ¿es el Tribunal Sentenciador o un Tribunal de Vigilancia Penitenciaria que no se ha creado?, entonces me han dicho 'no te preocupes, como faltan 25 años ya lo crearán'. Nos hemos garantizado llevar al código la prisión permanente revisable, pero lo que tenga que ver con la revisión es un puro accesorio penológico", argumenta Acale.  

María Acale, catedrática de Derecho Penal. FOTO: ESTEFANÍA ESCORIZA.

Finalmente, el socialista Juan Carlos Campo consideraba que "el Tribunal Constitucional se tendría que haber pronunciado ya" respecto al recurso contra un instrumento punitivo que la oposición consideraba en 2015, cuando el PP aprobó la reforma del Código Penal por mayoría absoluta, que vulnera el artículo 25.2 de la Constitución sobre la reinserción social de las presos. A juicio de este, “hay una vulneración aún más grave con la instauración de esa pena que es prácticamente sinónimo de la cadena perpetua, ya que está en juego el artículo 1 de la Constitución española, el valor supremo de la libertad del individuo, al que se pretende recluir de por vida sin que tenga un horizonte de salida”. Así, explicó que frente a otros países del entorno, donde la revisibilidad, que es la clave de la pena, se produce en diez o quince años, en España ésta no se produce hasta los 25 años. 

"Sin prisión permanente hemos vencido a ETA y con ella no se han evitado casos dramáticos en nuestro país"

Se ha reiterado en que "es una pena innecesaria, inoportuna y mal concebida, puesto que nuestra respuesta penal punitiva ya era suficientemente dura tras las sucesivas reformas que han ido endureciendo el Código Penal y no era necesario articular nuevos mecanismos: de hecho, así se manifestó el Consejo de Estado que se manifestó en contra de la reforma". "Esto es una vuelta al pasado, ni Franco estableció esta medida pese a que restauró la pena de muerte". También destacó que "sin prisión permanente hemos vencido a ETA y con ella no se han evitado casos dramáticos en nuestro país", se ha reafirmado, para recordar que "las víctimas son el núcleo de la política criminal, pero no pueden dictarla". Campo advertía que el Gobierno "quiere agravar sin disponer aún datos sobre su eficacia actual, percibiéndose ya el gran rechazo que está teniendo entre los ponentes". Por eso, ha pedido a los grupos parlamentarios que "no se dejen llevar por el populismo punitivo" y, sobre todo, a PP y Ciudadanos que "no establezcan un pulso sobre algo tan serio por puro interés electoralista". 

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