El pasado 1 de abril, funcionarios judiciales escoltados por un equipo de la Policía Nacional procedían al desalojo de la okupa confesa Tamara Manzano en el barrio de Guillén Moreno de Cádiz.
La mujer, diagnosticada de cáncer, calificada como vulnerable en la Concejalía de Servicios Sociales y con dos hijas, admitía que había entrado por la fuerza en el piso municipal, de Procasa, vacío y destinado a realojos sociales.
Todos esos condicionantes -piso público, vulnerabilidad y presunta falta de alternativas- no evitaron el cumplimiento de la resolución.
El episodio parece revivir con elementos casi idénticos en un nuevo caso, el de María Rosa Salomón, de 25 años, madre de niña y niño (tres y cinco años).
"La lista de espera de Procasa es muy larga, demasiado, no tenía alternativas"
Tiene su desahucio fijado este lunes, 23 de junio, a las nueve de la mañana según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos.
Como en el caso precedente, la madre afectada admite que entró en el piso de la calle Marinero en Tierra 3, en Guillén Moreno, sin permiso y con el mismo argumento que Tamara Manzano, "la lista de espera de Procasa es muy larga, demasiado, no tenía alternativas".
La mujer afectada por este nuevo aviso de desalojo asegura que ha vivido antes en viviendas de Extramuros en estado defectuoso pero que podía pagar, siempre por debajo de 700 euros de alquiler mensual, algo que ahora es "imposible de encontrar".
Se ha visto obligada, asegura, a compartir vivienda con otras diez personas en casa de la madre de su pareja, trabajador discontinuo del sector naval.
"Desesperada", afirma, supo que el piso del que puede ser desahuciada este lunes estaba vacío y decidió entrar hace varios meses. La consiguiente denuncia de la Policía Local llegó al juzgado que ahora ordena la salida.
Los alquileres imposibles
El colectivo denunciante de este nuevo caso, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), ve muchos paralelismos con el caso de Tamara Manzano.
APDHA defiende que este nuevo episodio, tan similar, demuestra que las listas de espera de Procasa para personas vulnerables no funcionan.
El colectivo asegura que estos casos confirmas que el mercado de alquiler es inaccesible para un número cada vez mayor de ciudadanos y reclama al alcalde, Bruno García, "una solución habitacional permanente. Con una habitación en una pensión o con una ayuda mensual al alquiler no es suficiente".