Las comunidades de vecinos demandan a los propietarios que se oponen a la instalación de los elevadores en el patio interior de los bloques.
La polémica y los malos modos continúan presentes en la gaditana barriada de Loreto, donde los vecinos están enfrentados por la colocación de los ascensores mediante un proceso en el que la falta de información ha sido latente desde el principio. Desde la Plataforma de afectados por la instalación de ascensores en zona privativa, compuesta por unas 100 personas, denuncian que no se les han ofrecido alternativas a la ubicación de los elevadores, un conflicto que se desarrolla en diferentes vías del barrio, como son las calles Carlos Haya, Infante de Orleans, Héroes de la Aviación Española o Hermanos Ortiz Echagüe.
La empresa Vía Augusta se hizo hace un año con la obra para dotar de ascensores a 22 comunidades de vecinos de Loreto. Irían ubicados en el patio interior, a pesar de que eso obligara a recortar la terraza de las letras A y B, las principales perjudicadas. En teoría, y al estar subvencionados al 50% por la Junta de Andalucía, se deben presentar tres proyectos de tres empresas diferentes para que los vecinos elijan cuál se lleva a cabo. Nada de eso se ha producido. Desde un principio, Vía Augusta se prestó a asesorar a los propietarios para pedir la subvención antes del final del plazo y las comunidades firmaron sin tener más alternativas encima de la mesa.
Todo esto ha provocado un clima de tensión que se recrudece a medida que pasa el tiempo. Juan de Dios Delgado, que hace las veces de portavoz de la plataforma, asegura que “el nivel de confrontación al que se ha llegado es inaudito. Nos ponen como los malos, pero… ¿quién es más malo? ¿El que solo quiere defender su casa o el que quiere entrar sí o sí en una ajena para recortar metros?”. Las presuntas irregularidades cometidas ponen de manifiesto “la falta de solidaridad existente”, como sostiene María Isabel Rueda, otra de las vecinas afectadas por la colocación de los ascensores en el patio.
Estos propietarios proponen instalarlos en el hueco de la escalera. Incluso un informe solicitado al Colegio de Arquitectos de Cádiz avala esta opción, completamente viable. Delgado, además, apunta que “ahora mismo hay en la Junta documentación para la instalación del ascensor en zonas comunes, pero no nos ofrecen alternativas”. En el caso de continuar adelante con la obra "nos quitan, además de metros, toda la luminosidad del patio”, apunta una de las afectadas. De hecho, "algunas de las comunidades que sí han sido soberanas y mejor informadas han optado por otros proyectos que no invaden la zona privativa y cumple tanto con el Código Técnico de Edificación como con la normativa vigente en materia de accesibilidad".
Los vecinos de la plataforma, que reconocen haber recorrido “muchos bloques midiendo los ascensores”, no entienden “por qué los criterios son dispares dentro de la misma provincia”, refiriéndose a la normativa de accesibilidad. Y es que aseguran "conocer casos en los que los criterios que se nos imponen a nosotros no se cumplen". Además, el ente autonómico les obliga a respetar una normativa reservada para nuevas construcciones, y no para una edificación ya existente. Delgado apunta que "estamos hablando de edificios de los años 70, de lo que se trata es de realizar unos ajustes razonables para mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de todos los propietarios".
En las demandas presentadas por las comunidades se solicitan medidas cautelares para obligar a los vecinos a prestar ya sus viviendas para la continuación de las obras
Sin embargo, la polémica ha dado un paso más y, tras los requerimientos notariales solicitados por las comunidades a los propios vecinos que se oponen a los ascensores en el patio interior, han llegado las demandas "de manera sistemática". Una amenaza que se lleva repitiendo como un mantra desde la segunda reunión en la que se abordó el asunto. El acta de aquel día de enero, al que ha tenido acceso lavozdelsur.es, refleja en el cuarto punto del orden del día el “estudio y toma de decisiones sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra aquellos propietarios de los pisos A y B que no estén dispuestos a ceder el espacio necesario”.
Curiosamente, las actas de las reuniones –redactadas teóricamente por el presidente de cada comunidad- son exactamente iguales. “Tenemos, mínimo, siete actas idénticas”, asegura Delgado. Todas fueron, presuntamente, escritas por la misma persona. Además, en las demandas presentadas por las comunidades se solicitan medidas cautelares para obligar a los vecinos a prestar ya sus viviendas para la continuación de las obras.
En cualquier caso, los integrantes de la plataforma han respondido y han denunciado la situación. Su abogado, José Luis Hernández, sostiene que se han producido varrias irregularidades en todo el proceso. Los propietarios exigen que se acabe "con la falta de transparencia y la vulneración de nuestros derechos y pedimos que no se nos haga caso omiso, como viene siendo habitual, así como una mayor flexibilidad por parte de las Administraciones a la hora de aplicar los criterios".
Uno de los miembros de la plataforma lamenta que su familia “está sufriendo bullying en su propia casa” y apunta que, con este proceso que se está llevando a cabo, “se están empobreciendo las comunidades, porque además de los préstamos solicitados para pagar las obras hay que sufragar también las demandas, y todo sale del mismo sitio”. Y es que algunos de los vecinos disconformes están sufriendo incluso pintadas y ya se han producido varios desencuentros entre los distintos propietarios. "Todos buscamos es un bien común como es la instalación de un ascensor, pero sin expropiar la casa a nadie", finalizan.
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