Cuando tu casa es una cárcel: tres años sin poder salir por no tener ascensor

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Serafina Bustillo es una vecina del barrio gaditano de Loreto postrada en un sillón debido a que su comunidad no quiere instalar el elevador en su bloque.

Para estar en una cárcel no es necesario haber hecho algo malo. A veces una persona puede estar encerrada y postrada en un sillón sin poder bajar a la calle a pesar de su voluntad. Una ventana es el único soplo de aire fresco que tiene Serafina Bustillo, una vecina del gaditano barrio de Loreto, que a sus casi 70 años no puede bajar a la calle. No puede, entre otras cosas, por no disponer de un ascensor que le haga descender desde su la segunda planta en la que vive o elevarse de la calle hacia su piso. Un apartamento de unos 60 metros cuadrados del número 11 de la plaza Virgen de Loreto, donde habitan, en la actualidad, ella junto a su nieto Isaac. El inconveniente no es solo que no pueda moverse, el problema también es que no se instalará el ascensor porque, según cuenta, la mayoría de sus vecinos se niegan. En concreto, señala a aquellos pisos que están alquilados y cuyos propietarios no quieren ceder el espacio, ni el montante, que la obra requiere.
A los seis años le diagnosticaron un tumor en la pierna y desde entonces tiene una extremidad más larga que otra, esto le hace llevar un zapato adaptado, pero que ahora, según indica, ni puede sostenerse con las muletas. “Llevo ya cinco años que me cuesta mucho trabajo moverme, pero desde hace tres no puedo bajar sin la silla de ruedas”, comenta apenada Fina. La vecina cuenta también con mucha angustia que su hermana había estado muriéndose y por “ir a verla al hospital” le cobraban “40 euros los de la ambulancia”. Desde el copago decretado por el Gobierno central ya no puede usar tanto este servicio la afectada, porque vive con una pensión de viudedad y “supone un gasto muy grande para usos no urgente”.  

Otro de los casos, no urgentes, pero necesarios, es cuando tiene que ir, por ejemplo, a una entidad bancaria para arreglar algún asunto. “Son 50 metros lo que hay desde mi casa hasta al banco, pero no puedo llegar porque bajar por las escaleras es imposible”. Recuerda que hace tiempo iba a por ella los voluntarios de la Cruz Roja, “pero ahora dicen que no pueden”. Se siente agradecida por el trato recibido por ellos “porque me bajan, peldaño a peldaño, con una máquina que tienen”. Son necesarias al menos dos personas para bajar las dos plantas hasta llegar a la calle. “No puedo hacer casi nada, ni lavarme, ni vestirme”, comenta denunciando que la asistenta social está presente una hora “y a la pobre no le da tiempo de nada”. De hecho, se cayó y se partió un brazo, siendo más complicado ahora utilizar las muletas.  

La gaditana lleva más de cuarenta años viviendo en su casa “y ahora es una cárcel para mí”. “He ido a hablar con la Junta, pero no consigo nada, me dicen que si los demás –vecinos- no quieren, “ellos no pueden hacer nada”. Con el Ayuntamiento, por su parte, ocurre lo mismo. Y es que, como ya explicó el propio regidor José María González, a los vecinos de la barrida de Loreto, el papel del Consistorio es el de conceder la licencia de obra atendiendo “única y exclusivamente al Código Técnico de Edificación y la normativa de accesibilidad”. Así, la elaboración del proyecto “forma parte de las tareas de una empresa ajena completamente a la administración local, que es elegida por parte de las comunidades de vecinos”. Finalmente, es la Junta de Andalucía quien tiene la potestad de conceder las subvenciones que han solicitado los vecinos para la mejora de la accesibilidad de los bloques en los que viven.

En el origen, ya viene el problema, porque los vecinos de Fina, en su mayoría, no quieren poner el ascensor afectando de manera crucial a ella y a otras cuatro vecinas “que también son mayores y tienen dificultades para andar”. Aunque reconoce que es ella la que peor lo pasa, puesto que no puede dar un solo paso para bajar las escaleras. El presidente está a favor de cambiarlo, entre otros porque vive en un cuarto piso, “pero los de más abajo dicen que no quieren”. Algunos propietarios tiene sus pisos alquilados y expresan, según Fina, “que unos no quieren dar el dinero y otros que el elevador le va a dar mucha oscuridad a su piso”.

Ella asume que tiene que perder parte de la terraza (para poder hacer el hueco del ascensor), y poner una importante derrama que, según comenta, asciende unos 3.000 euros. “No lo podría pagar de un tirón, pero al menos por partes con las pagas extraordinaria podría ir poniendo el dinero poco a poco”, aun sabiendo que el dinero no le sobra. “En mi casa no hay lujos, ni comemos comida cara, vamos siempre con lo justo para ir tirando”. Por si fuera poco, se da la circunstancia que del salón a las habitaciones no puede pasar con las sillas porque la puerta del pasillo no tiene las medidas necesaria para la silla de ruedas.
Serafina cuenta que pagó su casa sirviendo en otras, “limpiando, planchando, de niñera” y junto a su marido, albañil de profesión, que hace 17 años que falleció. Su nieto también tiene “algunos problemas de salud” y ella se lamenta de que teniendo tan cerca la calle “no haya podido ni bajar a la plaza en todo el verano”. Los sonidos de los niños corriendo, los pájaros en los árboles, las conversaciones difuminadas en las terrazas y algún que otro vehículo, son la banda sonora que tiene de fondo Fina. Desde una ventana de una casa de la que no puede salir, a pesar de las normativas en materia de accesibilidad, y desde la que se lamenta suspirando: “ojalá me ayuden, porque esto no es vida”.  

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