El conflicto en el servicio municipal de la ayuda a domicilio de Cádiz se agrava con la sentencia que obliga a la anterior concesionaria contratada por el Ayuntamiento de Cádiz, DomusVi, a pagar 60.000 euros (más el 10% en intereses de demora) a 25 trabajadoras por el incumplimiento de la normativa laboral.
La resolución judicial llega tras meses de movilizaciones y tuvo como origen la denuncia en Inspección de Trabajo por parte del comité de empresa. La resolución judicial considera probado que DomusVi solapaba el descanso semanal de sus trabajadoras otorgando 36 horas en vez de 48 como establece la legislación.
El sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Cádiz, Autonomía Obrera, fue el autor de la demanda y tras la sentencia considera que la empresa presionó a las trabajadoras afectadas y acusa a la administración municipal de incurrir en "connivencia con DomusVi a pesar de tener conocimiento de los mecanismos que suele llevar a cabo".
La sentencia considera probado que la empresa regateó medio día de descanso cada semana a las trabajadoras durante varios años
La resolución judicial prueba, según el sindicato, que la empresa "imponía un tiempo de trabajo que anulaba el derecho al descanso semanal existiendo una situación más que ilícita y conocida por la empresa, ya que hay denuncias desde julio de 2019".
"A pesar de que estas trabajadoras solo han podido reclamar las cantidades correspondientes al año anterior a la denuncia en Inspección de Trabajo, no sólo DomusVi, sino también Clece, la anterior adjudicataria han incumplido los tiempos de descanso durante más de una década", detalla Autonomía Obrera.
Municipalizar, "la única solución"
Tanto los sindicatos con representación municipal como el grupo Adelante Izquierda Gaditana refuerzan, tras conocer la sentencia, su vieja reivindicación: municipalizar el servicio de Ayuda a Domicilio es la única vía para acabar con la precaridad que afecta a las plantillas bajo cualquier concesionaria.
La situación, afirman, se ha reproducido con varias empresas y durante los mandatos de Teófila Martínez, José María González y, ahora, Bruno García. "Esta sentencia y los incumplimientos en los que se basa son un ejemplo de lo que se evitaría si el servicio se municipalizara", afirma el concejal de AIG Carlos Paradas.
“La municipalización es el mejor camino para garantizar los derechos laborales de la plantilla de ayuda a domicilio y para mejorar la prestación de este servicio que tan importante resulta para cientos de familias de la ciudad que tienen que recurrir a él para afrontar situaciones delicadas”, explica el edil.
Paradas en que “hay experiencias de municipalización en otros ayuntamientos y no hay escollo alguno, más allá de la voluntad política, para que en este mandato el servicio sea municipalizado tal y como se está reclamando desde la plantilla".
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