La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Cádiz “no piensa actuar” para frenar la que califica como una “epidemia de desahucios” en la ciudad. La organización mantuvo el pasado 5 de febrero una reunión con el alcalde, Bruno García, tras la que ha expresado su “profunda decepción” ante la falta de una estrategia clara frente a la emergencia habitacional.
Según expone la entidad en su nota, durante el encuentro se abordó la situación del parque público de vivienda y los proyectos previstos, aunque considera que la reunión se limitó a una “lluvia de millones” destinados a iniciativas que, a su juicio, continúan en el terreno de los “buenos propósitos”, sin garantías claras de financiación ni ejecución.
Cádiz, entre las ciudades con el alquiler más caro de Andalucía
La APDHA subraya que el precio medio del alquiler en Cádiz alcanza los 948 euros mensuales, situando a la capital gaditana como la tercera ciudad más cara de Andalucía, solo por detrás de Málaga y Sevilla.
A esta realidad se suma, según la organización, la falta de vivienda pública, la presión turística y la proliferación de segundas residencias.
Este contexto estaría provocando que cada vez más familias se vean obligadas a abandonar la ciudad, mientras otras son directamente desalojadas sin alternativa habitacional. La entidad alerta de que las tasas de lanzamientos por impago de renta se mantienen entre las más persistentes del sur de España y continúan al alza.
Especial preocupación generan los casos que afectan a familias con menores, que, según la organización, quedan en la calle sin una solución alternativa. La APDHA denuncia además la “deshumanización del trato” por parte de la administración municipal, citando desaires, malos modos y ausencia de citas urgentes para personas en situación crítica.
Las medidas urgentes que propone la APDHA
Ante esta situación, la organización ha trasladado al Ayuntamiento un paquete de medidas paliativas mientras no se incremente el parque público de vivienda. Entre ellas, la recuperación y aplicación del acuerdo firmado entre Procasa y Servicios Sociales en septiembre de 2022 para evitar desahucios de familias con menores; la suspensión de todos los desalojos en viviendas municipales que afecten a menores hasta ofrecer alternativa; y la exigencia a la Junta de Andalucía para que cumpla estas medidas en viviendas de AVRA.
También plantea la puesta en uso inmediato de viviendas vacías de Procasa y AVRA tras su adecuación; la construcción de más alojamientos transitorios para realojos urgentes; la recuperación del programa “Alquiler Justo”; la negociación con el Obispado para la cesión temporal de edificios en desuso; la elaboración de un listado actualizado de familias en proceso de desahucio en viviendas privadas; y el establecimiento de relaciones con la antigua Sareb para incorporar sus viviendas al parque público.
Más allá del compromiso municipal de no efectuar desahucios por impago en viviendas de Procasa, la APDHA afirma que la respuesta del Ayuntamiento fue clara: “no existe una estrategia municipal para afrontar la emergencia habitacional”. La organización lamenta que el gobierno local “mire hacia otro lado” ante el drama social y olvide el sufrimiento de las familias afectadas.
En el comunicado, la entidad concluye que “solo la movilización social parece capaz de modificar esta postura inhumana e intentar parar esta injusticia sin paliativos”