Cinco familias, entre las que se encuentran ocho menores de edad, residen actualmente en condiciones de extrema precariedad en una infravivienda situada en el número 19 de la calle Javier de Burgos, en Cádiz. Así lo ha denunciado el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG), que ha calificado la situación como indigna, infrahumana y denigrante. Según ha detallado la formación, las personas afectadas conviven en un inmueble deteriorado, con graves problemas estructurales y de salubridad.
Tras reunirse con una de las familias afectadas, el portavoz de AIG, David de la Cruz, ha manifestado su compromiso de emprender todas las acciones posibles para exigir una solución urgente. La vivienda presenta techos y paredes en riesgo de derrumbe, humedades constantes, goteras, instalaciones eléctricas defectuosas y presencia habitual de ratas y cucarachas. Además, algunas familias se ven obligadas a utilizar bolsas para hacer sus necesidades y a desalojar muebles por temor a un colapso del suelo.
Ante este escenario, el grupo municipal ha anunciado que estudia presentar una moción en el próximo Pleno ordinario de junio. También se plantea llevar el caso al Parlamento de Andalucía y presentarlo ante el Defensor del Pueblo, con el objetivo de visibilizar la situación y reclamar medidas concretas. Desde AIG aseguran que no permitirán que estas familias continúen viviendo en estas condiciones sin que las instituciones actúen.
Responsabilidad municipal
La formación ha criticado la falta de respuesta por parte del alcalde de Cádiz, Bruno García, a quien responsabiliza de no haber intervenido pese a conocer el caso desde hace meses. Igualmente, ha señalado la inacción del equipo de Gobierno municipal, en particular del teniente de alcalde de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y de la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, a quienes reprochan su aparente indiferencia.
Adelante Izquierda Gaditana atribuye la situación, en parte, a la especulación inmobiliaria, pero también acusa a las distintas administraciones de inacción. Según denuncia, el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Gobierno central han priorizado culparse mutuamente antes que ofrecer soluciones. La formación recuerda que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), actual propietaria del inmueble y participada al 50% por el Estado, no ha tomado medidas para resolver una situación que consideran crítica y urgente.