El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha decidido poner en libertad con medidas cautelares al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y a otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Todos prestaron declaración judicial en la segunda fase del caso Mascarillas, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a través de contratos irregulares gestionados por la Diputación.
Fuentes judiciales han confirmado que, tras dos horas de declaraciones, el juez instructor Eduardo Martínez adoptó la decisión de libertad con medidas cautelares. La investigación se centra en presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en contratos que se remontan a junio de 2021, relacionados con la adquisición de material sanitario durante la fase inicial de la pandemia de covid-19 por un valor superior a dos millones de euros.
Entre los detenidos se encontraban también el hijo del alcalde de Fines y un funcionario del Área de Fomento de la Diputación, quienes fueron arrestados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras dos días de detención. Las pesquisas se centran en posibles irregularidades en la gestión de contratos públicos tanto de la Diputación como del Ayuntamiento de Fines.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha precisado que la causa investiga, además de cohecho y malversación, presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.
Durante la declaración, los cinco detenidos respondieron únicamente a las preguntas de sus abogados. La única acusación que solicitó su ingreso en prisión fue la que representa al PSOE, mientras que tanto la Fiscalía como las defensas pidieron su puesta en libertad, que finalmente fue concedida por el juez de adscripción territorial (JAT) encargado de la instrucción.
A pesar de su liberación, los imputados deberán comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Además, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibido salir del territorio nacional mientras continúe la investigación.
La investigación afecta a 17 personas
La causa cuenta con alrededor de 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de la Guardia Civil, aunque deberán presentarse en el juzgado cuando sean citados.
El caso e ha convertido en uno de los procedimientos judiciales más relevantes en Almería por su vinculación con la gestión de fondos públicos durante la pandemia y las posibles irregularidades detectadas en la contratación de material sanitario.
Las investigaciones continúan abiertas, y las autoridades judiciales mantienen la instrucción para esclarecer las responsabilidades de todos los implicados en esta segunda fase del procedimiento.