Los detenidos en la segunda fase del denominado caso Mascarillas fueron puestos a disposición del juez instructor después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elevara a una decena el número total de personas implicadas, entre arrestados e investigados, por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería.
Fuentes de la investigación indicaron que entre los nuevos investigados figuran dos hermanos del presidente provincial, Javier Aureliano García, detenido el martes, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien vuelve a ser objeto de pesquisas tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase.
Además de García, continúan detenidos el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas. Las mismas fuentes señalaron que la cifra de investigados podría seguir aumentando, aunque no se prevé, por ahora, un incremento del número de detenidos.
Durante la mañana de este miércoles, la UCO efectuó un nuevo registro en dependencias del Ayuntamiento de Fines, tras haber inspeccionado el martes el despacho del alcalde. Esta actuación se enmarca en un operativo que incluyó diez entradas simultáneas en domicilios, oficinas públicas y sedes de sociedades supuestamente relacionadas con los hechos investigados.
La UCO confirmó que en uno de estos registros se localizó documentación que vincularía a Óscar Liria con una de las empresas implicadas, motivo por el cual el juez instructor ordenó nuevamente su investigación. Las entradas se prolongaron más de diez horas y fueron dirigidas por mandos del departamento de delincuencia económica y anticorrupción de la unidad.
Varios delitos
El auto que avala las detenciones y registros sostiene que existen sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución, los investigados habrían colaborado o facilitado la adjudicación irregular de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.
Parte de estas adjudicaciones se habría gestionado desde la Diputación de Almería, mientras que otras podrían haberse tramitado en el Ayuntamiento de Fines, lo que explicaría el peso que ha adquirido este municipio en la segunda fase de la operación.
El juzgado ha autorizado además el análisis y copia de comunicaciones privadas, incluidos documentos electrónicos y mensajes intervenidos, y ha reclamado documentación adicional a las administraciones implicadas y a las empresas sospechosas. Asimismo, se han decretado medidas de aseguramiento patrimonial sobre cuentas, cajas de seguridad y bienes vinculados a los investigados, mientras los cinco detenidos han quedado a disposición judicial para sus comparecencias.
