Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, ha denunciado haber recibido amenazas directas desde prisión por parte de la autora del crimen. Además, lamenta la "total falta de protección institucional" que dice estar sufriendo.
En una rueda de prensa celebrada en Almería, Ramírez ha solicitado medidas urgentes para evitar una "revictimización constante" de familias afectadas por casos similares. La madre de Gabriel lleva más de un año recibiendo información preocupante desde el interior y exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumple condena Quezada.
Irregularidades en la prisión
Según Ramírez, estas irregularidades incluyen la posesión ilegal de teléfonos móviles, la realización de grabaciones de contenido sexual y la preparación de un documental con la participación directa de la asesina confesa. "La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, vídeos sexuales, grabaciones para un documental, personas que mueven dinero por ello", ha explicado.
Dentro de los datos recibidos, destaca una amenaza concreta que le ha hecho llegar desde diversas fuentes: "A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga".
Ramírez también alerta de que otras personas relacionadas con Quezada tendrían intenciones de "venganza" contra ella. Además, asegura estar recibiendo llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ha denunciado formalmente ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.
Ausencia de respuesta institucional
La madre del pequeño Gabriel asegura que estas amenazas se producen en un entorno carente de control institucional. "Me consta que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, se usan para llamadas, grabaciones o incluso chantajes a otras internas", afirmó.
Patricia Ramírez denuncia que ha trasladado toda esta información por escrito y personalmente a autoridades penitenciarias, judiciales y políticas, sin haber recibido ninguna respuesta efectiva: "No puedo más. Lo estoy denunciando y ni siquiera se me llama para preguntarme. Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa", expresó visiblemente afectada.
Además, ha mencionado la existencia de funcionarios implicados en estas irregularidades. "A mí me constan por lo menos cuatro. Lo he dicho, he puesto todo por escrito. ¿Qué más tengo que hacer?", cuestiona con frustración.
Ramírez subraya también que la responsabilidad civil derivada del asesinato de su hijo sigue sin resolverse. "Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental", añadió.
Finalmente, ha criticado que se dé espacio mediático a personas condenadas por crímenes tan graves: "¿A costa de qué se le está dando tanta fama a esta asesina? ¿Para qué? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?". "Esto nos revictimiza, nos vuelven a matar un poco cada vez que sacan su nombre, su imagen, su historia. Nos roban el duelo, la intimidad, la paz", lamentó, pidiendo la aplicación real del Estatuto de la Víctima y del marco europeo de derechos fundamentales.
