El Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila investiga si funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva mantuvieron relaciones sexuales con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018, a cambio de facilitarle el acceso a un teléfono móvil.
Según informa este lunes el diario El País, la causa está abierta desde hace casi un año por un presunto delito de cohecho cometido por trabajadores del centro penitenciario, entre ellos el cocinero, con quien Quezada también habría mantenido encuentros.
Declaraciones coincidentes de presas y un educador
Las diligencias del juzgado se sustentan en la declaración de un educador del propio centro, cuya versión coincide con la de tres internas y la actual pareja de Quezada, también reclusa. Estas personas habrían confirmado que la condenada mantuvo relaciones con varios trabajadores, supuestamente grabadas con un móvil facilitado de forma irregular.
El dispositivo, según los informes, habría sido utilizado para obtener grabaciones de carácter íntimo con las que chantajear a la dirección del centro penitenciario. El objetivo, según los datos recabados, era presionar para lograr su traslado a una cárcel en Barcelona.
Grabaciones en la celda y advertencia de la directora
En uno de los documentos enviados al juzgado, la directora de la prisión de Brieva, Laura Pérez, reconoce que recibió información sensible a través de un educador. En su informe detalla: “La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda”.
Las pesquisas están actualmente en curso y, de confirmarse los hechos, los implicados podrían enfrentarse a sanciones penales y disciplinarias por su conducta dentro del centro penitenciario.
Ana Julia Quezada cumple su condena en Brieva desde que en 2019 se dictara sentencia firme por el asesinato de Gabriel Cruz, un crimen que conmocionó a la sociedad española.
"Me da miedo salir a la calle"
Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles en la que denunciará públicamente una situación de “desamparo y desprotección institucional y judicial”.
En la comparecencia, Ramírez abordará también lo que considera una “vulneración de derechos” en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada, autora del asesinato de su hijo, y que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.
En junio del año pasado Ramírez ya solicitó a la Audiencia de Almería que investigase el intento de firma de un contrato por parte de Quezada con una productora audiovisual interesada en grabar un documental, presuntamente con la intención de venderlo a una plataforma como Netflix.
Según reveló entonces la propia Ramírez, la prisión de Brieva, donde se encuentra interna la condenada, denegó su participación tras detectar posibles irregularidades, como el uso de un teléfono móvil dentro del centro penitenciario.
La madre del menor llevó este asunto al Senado en junio de 2024, donde compareció de forma inédita ante la comisión de Interior y reclamó un pacto de Estado para regular los contenidos de tipo 'true crime', especialmente aquellos que afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.
"Me da miedo salir a la calle", expresó meses después en una entrevista con la televisión pública suiza, donde advirtió del daño que causan las especulaciones mediáticas y la posibilidad de que se genere "otro juicio paralelo".