La Audiencia de Almería ha condenado a un hombre a doce años y seis meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual, maltrato habitual psicológico y amenazas contra una menor que tenía 13 años cuando comenzaron los hechos y que quedó embarazada como consecuencia de esa relación. La sentencia, dictada por la Sección Tercera señala que el acusado, que tenía 26 años en aquel momento, cometió las agresiones de manera continuada durante los primeros siete meses de 2019. En julio de ese mismo año, la menor tuvo que ser asistida para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo.
El fallo recoge que "esta relación era consentida por ambos, no así por la madre de la menor", aunque el tribunal considera acreditado que el procesado ejercía un férreo control sobre la víctima. Según la resolución, la mantenía en un estado de "sumisión y aislamiento", acompañado de constantes vejaciones y de la prohibición de relacionarse con sus amistades.
Amenazas de muerte y hospitalización
La sentencia detalla que la situación de intimidación fue aumentando hasta alcanzar un punto de máxima gravedad. El condenado llegó a amenazar a la menor con quitarle la vida a su madre, lo que agravó el contexto de presión psicológica. Tras ese episodio, la víctima tuvo que ser hospitalizada tras realizar una "ingesta masiva de medicamentos con finalidad autolítica".
Además de las penas de prisión y las medidas de alejamiento, la sentencia fija que el condenado deberá hacer frente a una indemnización de 30.000 euros por los daños morales sufridos por la menor. El tribunal considera acreditado el impacto psicológico derivado tanto de las agresiones como del clima de intimidación continuada al que fue sometida.
La resolución judicial también subraya la especial vulnerabilidad de la víctima al inicio de los hechos, cuando contaba con 13 años, frente a los 26 del acusado. En ese contexto, los magistrados describen una relación marcada por el control, el aislamiento y la presión emocional, elementos que configuran el delito de maltrato habitual psicológico. La prohibición de comunicación y aproximación durante más de quince años busca evitar cualquier contacto futuro entre el condenado y la víctima. El límite fijado por el tribunal impide que el acusado pueda acercarse a menos de 500 metros, reforzando así la protección de la menor.
Contra la violencia machista
El caso vuelve a situar en el foco la necesidad de detectar y frenar situaciones de violencia contra menores, especialmente cuando se desarrollan en entornos de control y dependencia emocional que pueden derivar en consecuencias graves. Ante cualquier situación de violencia machista, el teléfono 016 atiende a víctimas y a su entorno las 24 horas del día en 52 idiomas. También se puede contactar a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600000016. Los menores cuentan además con el teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una emergencia inmediata, es posible llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y la Guardia Civil (062). Si no se puede realizar una llamada, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta con geolocalización directa a las fuerzas y cuerpos de seguridad.