La Junta de Andalucía, accionista mayoritaria de la sociedad que gestiona el Estadio de La Cartuja, ha decidido convocar un consejo de administración extraordinario para el próximo Viernes de Dolores tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a posibles cobros de comisiones en la adjudicación de las obras de reforma del recinto deportivo. Estas actuaciones estaban destinadas a adaptar la instalación para la celebración de la Eurocopa de fútbol.
La convocatoria, adelantada por el diario El Correo de Andalucía y confirmada posteriormente por la Administración autonómica, responde también a una petición previa de la Diputación de Sevilla, integrante de la sociedad gestora del estadio. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha señalado que corresponde a la Justicia actuar ante los indicios conocidos y ha reiterado la disposición del Gobierno autonómico a colaborar con la investigación en curso.
En el marco del denominado caso Supercopa, la jueza instructora ha citado como investigados al ex secretario general para el Deporte de la Junta y expresidente de la empresa pública del estadio, José María Arrabal, así como al actual gerente del recinto, Daniel Oviedo. Ambos están siendo investigados por un presunto beneficio ilícito relacionado con las obras de adecuación del complejo.
La magistrada ha autorizado la incautación de dispositivos electrónicos y el acceso a información bancaria de los investigados con el objetivo de esclarecer si se produjo un enriquecimiento económico irregular. Estas diligencias responden a un informe reciente de la UCO, que solicitaba profundizar en el análisis de posibles movimientos financieros vinculados a los hechos investigados.
El auto
Según el auto judicial, Arrabal y Oviedo habrían participado de forma directa en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol y la constructora Gruconsa en el proceso de adecuación del estadio para distintas competiciones. Asimismo, la instructora señala que ambos adquirieron bienes inmuebles pocos meses después de la adjudicación de las obras, lo que ha sido incorporado como un elemento relevante en la investigación.
La causa judicial se centra en posibles delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, en el contexto de las negociaciones para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Según la investigación, los supuestos beneficios económicos derivados de estas operaciones podrían haber favorecido a dirigentes de la federación, entre ellos su expresidente Luis Rubiales, así como a otros directivos y colaboradores vinculados a dichas gestiones.