"Todo empezó a principios los años 80 cuando un grupo de ecologistas de la provincia de Cádiz pensó que había que hacer algo para recuperar la titularidad pública de los caminos y las vías pecuarias”, recordó Pepe Trujillo, de Ecologistas en Acción. Fueron conscientes de que había que impedir que desaparecieran esos espacios de dominio público, así que organizaron una campaña para defenderlos: marchas, ocupaciones, derribos de vallas… “Aquello parece que concienció a los poderes públicos y comenzó a tramitarse una ley de vías pecuarias que se publicó en el año noventa y cinco”, nos explicó el conservacionista. Sin embargo, el problema no se solucionó, todo lo contrario, empeoró. Se sigue usurpando el terreno público. Por eso “se ha visto necesario relanzar la campaña para defender algo que es de todos”.
Juan Clavero realizó una exposición detallada del problema. “Casi sin enterarnos, estamos perdiendo las vías pecuarias y los caminos públicos. Se cierran, se cortan, se usurpan y no pasa nada”. Y no pasa nada porque las administraciones encargadas de gestionar este patrimonio público no están haciendo lo que deben. Es un patrimonio inmenso. La provincia de Cádiz contiene una tupida red de cañadas, coladas, veredas y caminos. Algunas de estas vías pueden tener hasta 75 metros de anchura. Pero estas vías han sido ocupadas, cerradas y estrechadas. Aunque es terreno de dominio público, bien protegido por la Constitución, cuando se ha reducido el ancho del carril, los propietarios de las tierras lindantes se han quedado con los metros no necesarios de la vía. Y nadie ha dicho nada. Hasta han recibido subvenciones de la Unión Europea para cultivar esos metros. Según los mapas, entre Arcos y El Bosque, por ejemplo, hay un rico entramado de vías pecuarias. Casi no queda ninguna. “Tenemos un entramado que no existe en ningún país europeo, una red que podría ser utilizada para senderismo, corredores ecológicos y muchas otras actividades de interés público”.
Los Estados vecinos de Europa tienen una red de caminos que permite a los ciudadanos recorrer todo el país sin tener que utilizar una carretera. “Aquí no podemos ir de un pueblo a otro”. No hay una red pública de caminos en condiciones. La polémica de los últimos meses ha tenido eco en los medios europeos. En algún artículo hablan de “autopistas del campo” para referirse a estas vías tan anchas que poseemos, desconocidas para ellos. Este domingo el dominical de Le Monde dedica unas páginas a este tema.
Poseemos 34.000 kilómetros de vías pecuarias, según los datos elaborados por la propia Junta de Andalucía. Lo llamativo es que “la propia Junta ha renunciado a 10.000 kilómetros de vías pecuarias. Ha decidido en su plan que va a deslindar 24.000, el resto ya los da por perdidos”. Hay carreteras, polígonos industriales… Ikea está en una vía pecuaria. Debería garantizarse la continuidad de esos trazados, con pasos delimitados o vías alternativas. “La superficie total de la red abarca 110.000 hectáreas en Andalucía, 1.000 kilómetros cuadrados. Son dos Parques de Grazalema de titularidad pública. 30.000 ya están perdidas, la Junta ha desistido. Y de las otras no hay ni un tercio deslindadas… ”. Pero el hecho de que estén deslindadas no significa nada, porque se cortan, se ocupan y no pasa nada, “aunque haya aparecido en el BOJA”, nos explicó Juan Clavero. Hay otra trampa, “cuando la administración dice que ha recuperado 9.000 hectáreas de vías pecuarias tampoco es verdad, porque la mayoría de los expedientes ha caducado”. Han utilizado fondos de la Unión Europea para realizar las tareas técnicas de deslinde y no las han concluido, les ha caducado. “Estamos pensando llevar este tema a los juzgados o a la Unión Europea por malversación de fondos públicos”.
"Hay carreteras, polígonos industriales… Ikea está en una vía pecuaria. Debería garantizarse la continuidad de esos trazados, con pasos delimitados o vías alternativas"
Clavero nos describió muchos ejemplos de nuestra provincia. Las diferentes marchas y actos de protesta han puesto en evidencia cómo los propietarios de las fincas cierran esos caminos, esas vías públicas, y nadie hace nada. Ocurre todo lo contrario: son los ciudadanos los que son perseguidos por intentar utilizar algo que es de todos. El camino de Benamahoma a Zahara es un claro ejemplo de lo que está sucediendo. Los propietarios de las fincas tienen permiso de obras para cortar el camino y construir una puerta… Pero eso no significa que se haya perdido la titularidad pública… Analizó varios casos conocidos y las causas de semejante irracionalidad. Se compran fincas para blanquear dinero y los propietarios cortan los caminos, los ocupan para construir cotos de caza… Y la administración lo permite. “Hay mucho miedo a actuar contra los que usurpan el terreno público”, subrayó Clavero. Los denunciados son los ciudadanos, los ecologistas.
La Junta ha anunciado que va a elaborar una ley de caminos públicos. Los caminos públicos son de titularidad municipal, pero el Estatuto de Autonomía dice que es la Consejería de Medio Ambiente la que tiene competencia exclusiva en la regulación de los caminos rurales. Los ecologistas se han reunido con el Consejero y han logrado su compromiso para que la ley salga adelante. Hasta ahora la Junta se había desentendido y había derivado las quejas a los ayuntamientos. “Por fin han reconocido sus competencias”. Los colectivos implicados en la defensa de los caminos públicos y vías pecuarias van a presentar un texto alternativo, un texto que toma como modelo una ley que ya existe en Mallorca. La futura ley deberá obligar a los ayuntamientos a realizar todas las tareas necesarias para proteger ese patrimonio público.
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