La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en los centros concertados, ha afirmado que con el nuevo decreto de escolarización "se ha perdido la oportunidad" de que la Junta "apueste definitivamente por la libertad de las familias para elegir centro educativo", ya que "los cambios son de muy poco calado".
Además, ha indicado que dichos "cambios" afectan a "escasas zonas de escolarización andaluzas" y además "se da un paso atrás en la definición de demanda social, al supeditar esta, inéditamente en un Gobierno que llevaba en su programa electoral y en su acuerdo de Gobierno avanzar en la libre elección, a la planificación de la Administración educativa". "¿Qué tipo de libertad es la que puede practicar un ciudadano si queda limitada a lo que un gobierno quiera darle a elegir?", se pregunta FSIE en un comunicado.
Además, señala que "la medida, aparentemente favorable, de permitir la adscripción de los centros concertados a un Bachillerato sostenido con fondos públicos es, tal y como advertimos al consejero de Educación, Javier Imbroda, un bomba de relojería para los docentes que desarrollan su labor educativa en aulas de Bachillerato privado, si no se lleva a cabo la prometida concertación de este nivel a la par que se posibilita la adscripción como garantía para los centros que no cuentan con él".
Además, FSIE, sindicato que representa a más de un 48% de trabajadores de los centros concertados, señala que "ha demandado (sin resultados hasta ahora) que se acabe ya con la discriminación que existe en las ayudas para transporte público, comedor y aula matinal, "que actualmente solo pueden solicitarse si el hijo está escolarizado en un centro público".
Por ello, FSIE Andalucía lamenta que en un año de Gobierno "no se haya visto ningún avance en sus condiciones laborales y salariales, incumpliendo las promesas electorales de los dos partidos que ostentan el poder y que, cuando estaban en la oposición se erigieron en sus defensores". Asimismo, considera que la polémica surgida "es pura demagogia", ya que el decreto supone "un casi nulo avance en el camino de la libertad constitucional de las familias andaluzas" y además PP y Ciudadanos "están perpetuando la histórica discriminación de los centros concertados y sus docentes y no docentes en materia salarial, laboral y formativa", concluye.
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