Cuando comenzó el estado de alarma, los técnicos en Integración Social (conocidos como PTIS) ya venían de una reclamación sostenida por una sentencia que declara ilegal la cesión de trabajadores, mientras que en las bolsas para optar a plazas públicas se barema con menos importancia trabajar para empresas privadas en funciones públicas. Una pelea de años un colectivo que trabaja principalmente por personas vulnerables. Son monitores de educación especial, por ejemplo, perfiles de los que se enfangan para sacar adelante proyectos de vida, sobre todo de menores de edad.
El 14 de marzo todo empeoró. La razón: de un problema, el estado de alarma y la cancelación de la actividad educativa presencial, donde trabajan gran parte de los integradores sociales, la Junta de Andalucía generó una bola que ha dado con dos realidades. Por un lado, los trabajadores llevan meses sin cobrar; por otro, las empresas privadas que prestan servicios públicos de integración social no están recibiendo las cantidades pactadas previamente por la Junta, en un limbo jurídico que le han asfixiado. Muchas de estas empresas son pequeñas o medianas y están entrampándose (con los costes financieros incluidos) para poder ir pagando a sus empleados.
Las empresas están contra la espada y la pared. Francisca Cózar, de la empresa Tangram, en Medina Sidonia, es una de esas perjudicadas. La primera opción ante el estado de alarma era que se les aplicara un ERTE a sus empleados. Los contratos de la Junta figuraban hasta el 31 de marzo. Durante meses la Junta primero les dijo que no despidiera, que se harían cargo con prórrogas de los contratos y que los PTIS podrían seguir cobrando a través de sus empresas, que recibirían su asignación presupuestaria a pesar de la cancelación de actividades. Semanas después le dicen que no, a finales de abril, porque las indemnizaciones surgidas de las interrupciones eran superiores a los presupuestos asignados. A comienzos de junio le dijeron que sí, que habían encontrado una fórmula jurídica.
Pancartas reivindicativas del colectivo.
El problema surge porque la legislación del estado de alarma, en la que se basa esa fórmula jurídica, habla de compensaciones por estos servicios por parte de las administraciones, pero "a día de hoy no sabemos cuál, ni cuánto, ni cuándo". Porque los gastos empresariales derivados, costes sociales, etc., en principio, no entrarán en esa compensación. "Desde que se decreta el estado de alarma, las empresas que estábamos prestando servicio a la agencia andaluza de educación, estamos en una indefensión jurídica en la cual nos encontramos con miles de trabajadores. Si hablamos de todas las empresas, son más de treinta mil trabajadores entre todos los servicios, con una situación financiera insostenible al no recibir los pagos de los contratos al no poder llevar los trabajadores a ERTE como miles de empresas".
A la vez, tienen que hacer frente a costes extraordinarios no previstos en los precios pactados con la administración para la prestación de servios. "Unos costes tanto laborales como de otros estrucurales que no sabemos cómo vamos a cobrar, cuánto y cómo, y teniendo que seguir con una plantilla en alta que no podemos sostener". Esto "nos está llevando a una quiebra financiera insostenible que puede hacer que en el curso que se aproxima no haya empresa que pueda prestar nuevamente los diferentes servicios. Porque ya estemos en una quiebra financiera por todos los gastos que no están obligando a soportar y sin recibir pagos de la Junta a fecha de hoy", indica Cózar. Los costes financieros, esos intereses debido a préstamos para poder ir pagando poco a poco a sus empleados, ya son difíciles de asimilar en unas cuentas que juegan con márgenes concretos, previstos con antelación para acceder a las contrataciones públicos. La situación es leonina, denuncian.
En paralelo, los protagonistas más perjudicados de esta historia son los trabajadores. Estos reclaman los pagos a sus empresas, que son deudores oficialmente, pero son conscientes de que el problema radica en que éstas no cobran. "Queremos denunciar la situación de indefensión en la que estamos. La situación es insoportable, estamos en riesgo de exclusión social alguno", señala la delegada de uno de los comités en la provincia de Cádiz, Lourdes González. "La administración paga con cuentagotas y no tienen liquidez. Exigimos a la administración que afronte ya los pagos, somos unos trabajadores atados, sin estar en un ERTE y sin cobrar las nóminas. La Junta tiene una deuda moral. Son años de servicio a empresas privadas, con una cesión ilegal reclamada judicialmente. Necesitamos una solución ya, y necesitamos nuestra subrogación", para ser empleados de la administración pública, la reclamación previa al estado de alarma.
A día de hoy, lo último que se le ha pagado a las empresas ha sido marzo. La situación podría haberse solucionado si se hubiera optado por un régimen simplificado y común, el de los ERTE. La bola sigue creciendo, y en peligro está ya la viabilidad de un sector completo, con empresas asfixiadas y trabajadores sin recursos. Ni se les paga más allá de marzo, las empresas tratan de alcanzar acuerdos con entidades financieras para solventar el día a día sin saber si cobrarán todas las nóminas que siguen generando para sus trabajadores, y sin saber si cubrirán gastos empresariales como de administrativos.
Este viernes, los comités de Tangram, Al Alba y Fundación Samu han acudido a las oficinas de la primera de ellas para reclamar una solución. De ahí surge un entendimiento con la empresa muy oficioso y sencillo de entender, que se resume en que los empleados piden, por favor, que la prensa atienda a los empresarios, que también son perjudicados. Es decir, un conflicto laboral donde las dos partes miran arriba, a la Junta. La solución estaba en marzo. Ahora paga poco a poco y, según indican empresarios, alega falta de recursos. Y no asegura que lo vaya a acabar pagando todo para que no quiebren las sociedades o incluso a menudo asociaciones y fundaciones que prestan un servicio social básico. En el fondo, los perjudicados últimos son los primeros por los que estos servicios se pusieron en marcha: los usuarios, niños sin recursos, padres con millones de historias. Hoy, los PTIS que los atendían, son los propios perjudicados. Y los empresarios que confiaron en la administración.
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