“En este país, cuatro agresiones no son delito. Las leyes existen pero no las están aplicando”, se queja Manuela, nombre ficticio de una vecina de una localidad de la Bahía de Cádiz que lleva cuatro años, desde que se divorció, viviendo un “calvario”. “Las mujeres, además de ser maltratadas y víctimas, tenemos que luchar para que se nos crea”, agrega.
Manuela es madre de dos niñas adolescentes. Hace cuatro años, después de una década de matrimonio, decidió que tenía que poner tierra de por medio, sobre todo cuando llegaron los malos modos y las agresiones de su exmarido, militar de profesión. “Las cosas iban cada vez peor, era agresivo con las niñas… hasta que dije se acabó. Vivíamos oprimidas”, relata a lavozdelsur.es.
Y es que Manuela empezó a sufrir la llamada violencia vicaria, que tiene como objetivo dañarla a través de sus hijas. “Te vas a cagar, te voy a quitar a las niñas”, le llegó a decir su exmarido hace cinco años. Desde ese momento, “ellas se convierten en un objeto, en un instrumento para hacerte daño”, se queja.
Cuando por fin se decidió a denunciar a su exmarido, comenzó otro “calvario”, ahora judicial. Una jueza decidió otorgar la custodia compartida a ambos progenitores, pero el padre lleva meses “desaparecido” y sin abonar la pensión alimenticia y otros gastos a los que está obligado judicialmente. Manuela y su abogado hasta decidieron recusar a la jueza, al entender que no estaba siendo imparcial en el proceso.
"Te vas a cagar, te voy a quitar a las niñas", me dijo. "Ellas se convierten en un objeto, en un instrumento para hacerte daño"
“No se pidieron pruebas psicológicas”, critica Manuela, que en la práctica se ocupa de sus hijas. Sobre todo desde que recibió un burofax de su exmarido informándole de que no se va a hacer cargo de sus hijas y que deja en suspenso el régimen de visitas de forma unilateral. Desde entonces no lo ve. “Con la custodia compartida no puedo ni llevarlas al médico sin su autorización”, expone a modo de ejemplo.
Manuela lleva desde que se separó teniendo que comparecer en los Juzgados para responder a las numerosas denuncias interpuestas por su exmarido. Como la que interpuso durante las vacaciones de Navidad mientras las niñas estaban en el periodo legal que correspondía a la madre, o por estar con Manuela un fin de semana que les tocaba con él… fue a recogerlas porque él se lo pidió al encontrarse con fiebre y el lunes la denunció.
El varapalo más fuerte se lo llevó cuando recibió en enero de este año la sentencia emitida por el juez Julio Serrano Serrano, del Juzgado de lo Penal nº4 de Cádiz, en la que se reconocía la existencia de cuatro agresiones, pero absolví al exmarido de los cuatro delitos de los que se le acusaba. Este mismo magistrado copó titulares en 2007 por obligar a una mujer de Chiclana, víctima de malos tratos, a comprar una casa con su agresor.
En los hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, el juez Serrano recoge que en una ocasión, el demandado “cerró de golpe la puerta golpeando a Manuela en la pierna y en el cuello, sin que conste que el acusado lo hiciera con ánimo de quebrantar su integridad física”. O que el exmarido de Manuela, tras un “forcejeo” con su hija mayor —“fue agredida”, según cuenta ella—, trató de impedir que Manuela grabara la escena con su móvil, “y se produjo un ligero forcejeo, arañándose (ella) los brazos con los barrotes de la ventana sin que conste que el acusado tenía intención de lesionarla”.
El juez dice que Manuela "ha podido exagerar lo que realmente pasó y que no fuera más que un simple accidente"
El Ministerio Fiscal y la acusación particular le imputaban cuatro delitos al exmarido de Manuela —y una petición de cuatro años de cárcel—, tres delitos de malos tratos a la mujer y un delito de malos tratos por el suceso con su hija mayor, que desestimó el magistrado. En la sentencia, el juez Serrano Serrano reseña que existen “versiones contradictorias” —porque el acusado niega que pasara “nada destacable”— y que “es evidente la enemistad entre ambos”, por lo que no puede descartarse que ella “haya podido exagerar lo que realmente pasó y que no fuera más que un simple accidente en el que el acusado no tuviera intención de provocarle ninguna lesión”.
“La hija, que no puede decirse que fuera muy espontánea en su declaración, más bien al contrario, parecía estar recitando un discurso previamente ensayado, dijo que su padre cerró la puerta de golpe y cree que le dio con ella intencionadamente a su madre”, prosigue el magistrado en una sentencia que la víctima considera producto de un caso continuado de “violencia institucional”.
El juez Serrano llega a considera que el testimonio de la hija mayor “debe ponerse en cuarentena. pues resulta indudable que está influida por su madre siendo evidente que se lleva mal con su padre”. Ni el testimonio de la actual pareja de Manuela, que presenció desde el coche una de las agresiones, es tomada como válida por Serrano, porque “no se sabe si tenía una buena visión de lo que realmente sucedió”, y considera que “estamos ante un mero incidente fortuito, un incidente sin apenas importancia”.
Manuela, en la ocasión en la que su exmarido agredió a su hija mayor, lo grabó con el móvil. El juez, en su sentencia, relata así los hechos: “En las imágenes se ve cómo el acusado, que tenía derecho de llevarse con él a sus hijas, coge por los brazos a su hija a fin de que acceda a irse con él. La hija, en una actitud poco defendible, los hijos deben obedecer a los padres mientras son menores de edad y respetarles siempre, se niega a irse con su progenitor. Esa actitud caprichosa e injustificada de la menor es la que hace que su padre la coja por los brazos”.
El magistrado señala que ante la "actitud poco defendible" de su hija, que se niega a irse con él, el acusado la coge "por los brazos", pero no hay delito de lesiones
Y prosigue el magistrado: “En dicha conducta no existe en absoluto ningún ánimo o intención de lesionar, por lo que nunca cabría apreciar la la existencia de un delito de lesiones con el necesario alejamiento que es lo que parece que está buscando la denunciante con su infundada denuncia”. "Al grabar la escena —prosigue—, se produjo un forcejeo con el acusado que al apartarle el teléfono para que no le siguiera grabando dio lugar a que Manuela rozase su brazo contra los barrotes de la ventana produciéndose unas erosiones mínimas que Su Señoría entiende que fueron motivadas sin la presencia de un ánimo de lesionar”.
“Mi caso ha coincidido con la revolución en televisión de Rocío Carrasco y me veo reflejada punto por punto”, cuenta Manuela. “He sufrido una barbaridad, porque además de sufrir violencia de género, judicialmente no te creen, te machacan”, señala. “Es violencia institucional en toda regla”, se queja Manuela, que ha recurrido la sentencia ante la Audiencia Provincial.
Manuela lleva unos meses viviendo con sus hijas en casa de su madre, porque tuvo que abandonar la residencia familiar por sentencia judicial, ya que al tener custodia compartida, en 2022 le tocaba a su exmarido residir en ella con las niñas. La casa, ahora mismo, sigue vacía, y su exmarido “desaparecido”, sin responder a sus notificaciones.
“Yo peleé la vivienda para ellas, la pensión alimentaria y la compensatoria, pero la jueza decidió que no me correspondía nada”, cuenta Manuela. Y se vio “con una mano delante y otra detrás”, ya que cuando se casó dejó de trabajar, para poder desplazarse adonde destinaran a su marido. La pensión alimentaria de 60 euros por niña y los gastos de suministros, que debe asumir su exmarido, los abona de forma intermitente, y en el caso de los segundos, hace años que no los paga.
Manuela llegó a pedir al Juzgado que aplicara el nuevo artículo 94 del Código Civil, que establece que “no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos”, pero no conoció su resolución hasta meses después, cuando su exmarido ya tenía la sentencia absolutoria.
Mientras, Manuela vive con sus hijas en casa de su madre, “sin orden de protección y compartiendo custodia con una persona que está desaparecida pero que en cualquier momento puede venir por las niñas”. "Él lo único que busca es hacer daño. Pero lo que más me duele es que para un Juzgado, cuatro agresiones acreditadas no sean delito", agrega, al tiempo que critica "la sobreprotección que existe sobre los militares, cuando debían ser ejemplo de conducta".