El acceso de Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki, a los privilegios del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario ha vuelto a encender la indignación de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Con esta medida, el exjefe de ETA podrá salir de prisión de lunes a viernes, siempre que no lo impida el juez de Vigilancia Penitenciaria, siendo duramente criticada por los principales colectivos que defienden la memoria de las víctimas de la banda terrorista.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) hasta Covite o Dignidad y Justicia, todas coinciden en denunciar lo que consideran una utilización abusiva de un artículo pensado para casos excepcionales. Recuerdan que Txeroki acumula múltiples atentados sangrientos y condenas firmes.
"Amnistía encubierta" por un artículo "coladero"
“El artículo 100.2 está siendo un coladero”, afirma Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Según denuncia, “decenas de etarras condenados por delitos de sangre están siendo puestos en semilibertad no por su buen comportamiento ni por colaborar con la Justicia, sino porque es lo que ha exigido Bildu a Pedro Sánchez para que continúe en La Moncloa”. Portero va más allá y asegura que “esos votos que mantienen a Sánchez en La Moncloa son votos de sangre, que pasan por encima de las víctimas del terrorismo”. Recuerda además que 376 asesinatos de ETA siguen sin resolverse y sostiene que muchos podrían esclarecerse si presos como Txeroki colaboraran.
En una línea similar se expresa Covite, que califica la aplicación del 100.2 a Txeroki como “un nuevo fraude en la ejecución de las condenas”. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, habla directamente de una “amnistía encubierta” incompatible con el derecho de las víctimas a la justicia y contraria al ordenamiento jurídico. El colectivo señala a la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigida por María Jesús San José, por negarse a facilitar el número y la identidad de los presos beneficiados, 37 desde 2021, según ABC.
"Un nuevo varapalo para las víctimas"
“No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante”, recalca Ordóñez, quien denuncia que el compromiso público adquirido en noviembre de 2025 para mejorar la información a las víctimas no se está cumpliendo y reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra.
La AVT comparte esta preocupación y subraya que la medida supone “un nuevo varapalo para las víctimas”. Denuncian que la legislación penitenciaria actual permite beneficios a terroristas como ‘Gadafi’ o ‘Txeroki’ sin que exista “un verdadero arrepentimiento ni una colaboración real con la Justicia”, dejando a las víctimas sin posibilidad de recurso.