El Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Jerez de la Frontera ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecha (BEPI) o, lo que es lo mismo, ha cancelado las deudas de un matrimonio jerezano. En este caso, la pareja que acumulaban una deuda de casi 36.000 euros, de los cuales aproximadamente 5.000 los debían a Hacienda, así lo refleja la información ofrecida por La Cadena Ser en Jerez.
En este caso el Juzgado ha dictado la exoneración de los créditos ordinarios y subordinarios pendientes, con la excepción de los créditos de derecho público y alimentos. Así, el matrimonio deberá abonar la totalidad de las deudas públucas en 36 meses mediante pagos mensuales de 122,26 euros, conforme al plan adjuntado con la solicitud de beneficio.
Esta Ley entró en vigor en España en el año 2015 pero hasta ahora no se contemplaba la cancelación de la deuda pública, solamente la relativa a acreedores privados. Los responsables de Repara tu Deuda, compañía pionera en España en tramitar la Ley de Segunda Oportunidad, han llevado el caso del matrimonio de JGL y MRO y explican que con esta sentencia se avanza para que la deuda con las administraciones públicas también sea objeto de cancelación, por el momento a través de un Plan de Pagos en el que no se incluyen intereses y que será revisado por el administrador concursal (de acuerdo a la capacidad del pago de cada deudor).
Esta sentencia es pionera en toda España y demuestra la predisposición que tiene la Justicia en poder ayudar a aquellos deudores que tienen han contraído además de deudas con bancos, con la administración pública, Hacienda o Seguridad Social.
La compañía Repara tu Deuda ha ayudado, desde el inicio de su actividad en 2015, a muchas personas en situaciones desesperadas que no sabían donde pedir ayuda ante un impago. Además, ha dado a conocer esta Ley que pese a estar vigente desde hace tres años en España aún no es conocida por muchas personas.
La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar deudas que no se pueden pagar a particulares y autónomos siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe. Asimismo que la persona en cuestión haya intentado llegar a un acuerdo amistoso, que la deuda no supera los cinco millones de euros y que no existen sentencias por delitos socioeconómicos como estafa, alzamiento de bienes entre otros.
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