Los 17 trabajadores del comedor del acuartelamiento del Ejército de Tierra en Camposoto llevan ya tres meses sin poder trabajar. La empresa responsable del catering, Dulcinea Nutrición, atraviesa por serios problemas económicos y mantiene una importante deuda con la Seguridad Social, lo que ha llevado al Ministerio de Defensa a no ejecutar la prórroga del contrato con Dulcinea Nutrición, que debía haber entrado en vigor el pasado mes de octubre.
Ha sido la empresa OHL, que ya venía desempeñando diferentes labores de limpieza dentro del acuartelamiento, es la que se ha encargado de sustituir a los trabajadores del comedor, incumpliéndose, según denuncian los trabajadores, el contrato que tenían firmado.
Se trata de empleados fijos, cuatro de ellos con una antigüedad superior a los diez años, a los que Dulcinea Nutrición les debe un montante que supera, según los afectados, los 30.000 euros entre nóminas y pagas extraordinarias. La fecha del juicio por estos despidos se ha fijado para el 19 de febrero, donde los empleados exigirán sus correspondientes indemnizaciones.
Mientras tanto, los trabajadores se concentran cada día frente a las puertas del acuartelamiento de Camposoto en señal de protesta.
Ante esta situación, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha vuelto a dirigirse a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para pedirle que se trabaje con la mayor celeridad y se tomen medidas para solucionar la situación del personal del servicio de catering del acuartelamiento de Camposoto. Es la segunda carta que la regidora le dirige a la representante del Gobierno por esta cuestión.
La primera edil ha insistido en que debe arbitrarse una pronta salida a esta cuestión, y ha apuntado en que la solución pasa por que haya, cuanto antes, una cesión del contrato a otra empresa o agilizar la contratación de una nueva concesionaria. En ambos casos, Cavada ha dejado claro que “las empresas que lleguen tienen que subrogar a los trabajadores y trabajadores de este servicio, cuya situación se ha agravado ahora que han sido despedidos”.
“Son una plantilla que lleva muchos años en su puesto con profesionalidad, algunos de los empleados con 18 años de antigüedad, y hay que tenerlos en cuenta a cada uno de ellos y que puedan recuperar su empleo cuando se reanude el servicio”, ha insistido la primera edil a la ministra.
Cavada ha recalcado a Robles que “han pasado casi dos meses desde que trasladé esta situación, a todas luces insostenible, y desgraciadamente vuelvo a hacerlo para insistir en la importancia que tiene para mí resolver esta situación”. “Diecisiete familias de mi ciudad, junto a sus familiares, llevan sin poder realizar su trabajo desde el mes de agosto una situación que se ha convertido en crítica toda vez que se les ha notificado su despido oficial”, ha lamentado la regidora en su carta a la ministra.
La alcaldesa ha insistido en que “es necesario que se afronte este problema con urgencia y se planteen las medidas para resolver el conflicto. Necesitamos canalizar todos nuestros esfuerzos para encontrar una solución que pasa por agilizar cuanto antes la cesión del servicio a otra empresa o la adjudicación del servicio a una nueva”. En este sentido, ha insistido en que “la subrogación de la plantilla es la única solución que hace justicia en este conflicto, dado que los trabajadores han sido desprovistos de sus puestos de trabajo por un mal funcionamiento de la empresa adjudicataria no por su labor profesional, que es excelente”.
La regidora ha apuntado que “sabemos que jurídicamente no es fácil encontrar una salida, y por eso le pido a la ministra que se implique de forma personal en la búsqueda de la mejor solución para esos 17 trabajadores y sus familias”.
Cavada ha vuelto a reiterar el apoyo a la plantilla, y como lleva ya estos últimos meses haciendo, seguirá mediando para buscar soluciones. No en vano, como ha recordado, el delegado de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha mantenido varios contactos con los responsables del CEFOT y el acuartelamiento para trasladarles su preocupación por la situación administrativa creada en el servicio de comedor que se presta a los varios centenares de soldados que se forman en estas instalaciones.
La misma alcaldesa ha contactado en diversas ocasiones con los representantes del Gobierno central, como el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, y el subdelegado en la provincia de Cádiz, José Pacheco, para tratar el asunto, al margen de las cartas enviadas a la ministra Robles.
Además, existen otros trabajadores que también están viviendo la misma situación, es el caso del servicio de comedor de las instalaciones militares de Adalides (Algeciras), Charco Redondo (Los Barrios), Campamento (San Roque) y Camarinal-Bujeo (Tarifa), también contratados por Dulcinea Nutrición S.L. y que recibieron la notificación de despido el pasado 13 de diciembre. Por tal motivo, estos trabajadores se han sumado a las manifestaciones a las puertas del cuartel de Camposoto reclamando una solución o, al menos, a la espera de la resolución judicial.
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