Con apenas un mes de legislatura, el Gobierno de Juanma Moreno tomó una decisión polémica. El decreto que regulaba el funcionamiento de las VTC dejaba a un lado al taxi, según denuncia el propio sector. Los taxistas lamentaron que la norma no hubiera tenido en cuenta las peticiones que realizaron. Sin embargo, la mayoría absoluta de los populares provocó que saliera adelante pese a las protestas.
Durante varios días, taxistas llegados de toda Andalucía se manifestaron frente a las puertas del Parlamento. Ahora, varios meses después de la aprobación de la norma, han vuelto a las calles para anunciar que no bajan los brazos para revertir la sitaución. En una concrentración frente al Palacio de San Telmo, a la que ha asistido el dirigente nacional de Unidas Podemos Rafa Mayoral, los taxistas han anunciado que van a recurrir el decreto al Tribunal Constitucional.
"Los andaluces defendemos, como sector del taxi y ciudadanos, un atropello político por parte de la Junta, que quiere sacar adelante un decretazo chapucero, sin efectos, en beneficio de multinacionales y amiguetes", ha reprochado el presidente de la Federación Andaluza de Élite Taxi, Rafael Baena arropado por el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), Miguel Ruano.
Según los taxistas, esta norma pone "en peligro" el modo de vida de las 10.000 familias andaluzas que dependen del taxi y afecta también al interés general para 8,5 millones de andaluces. "Nace sin memoria económica, sin reglamento y sin régimen sancionador adecuado", ha apuntado Baena, para advertir que solo favorece a "grandes empresas de VTC".
Baena también ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se haya puesto "de perfil" ante este problema. "Abusa de una mayoría de poder que le dio el pueblo y que el pueblo le puede quitar y las elecciones siempre están ahí al filo de la puerta", ha insistido. En la misma línea se ha mostrado Ruano, que ha apuntado que este es el primer recurso, "pero no será el último", ante esta normativa que es "un atentado a la permanencia del sector del taxi".
El recurso presentado advierte de que el decreto incumple el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía, vulnera la autonomía municipal "por no atribuir competencias propias a los ayuntamientos ni abrir canales de participación", junto a que fuera aprobado sin que "los ayuntamientos hayan podido intervenir directa o indirectamente en su elaboración", y, además, vulnera las competencias atribuidas al Estado en su artículo 18 bis.
Así, señala que los diputados que presentan el recurso son "conscientes" de la "grave" situación creada por la aprobación de esta normal y de la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a preservar la autonomía local y las competencias exclusivas del Estado en materia de transporte interurbano discrecional de los vehículos de arrendamiento con conductor, y seguridad de los ciudadanos.
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