El Gobierno de Gibraltar ha recibido este miércoles con satisfacción la noticia del retraso en la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, ahora prevista para el 15 de julio. Lejos de verlo como un contratiempo, las autoridades gibraltareñas han subrayado que la nueva fecha "aporta certeza y tiempo adicional para prepararse", según ha indicado en un comunicado el ministro principal, Fabián Picardo.
El aplazamiento llega tras el aval político unánime de los Veintisiete para la firma y aplicación del acuerdo. Picardo ha calificado la confirmación de "positiva" y ha destacado que proporciona "claridad y tiempo" tanto a la ciudadanía como a las empresas del Peñón. "Permite saber con exactitud cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas normas", han argumentado las autoridades gibraltareñas, añadiendo que también ofrece a las empresas "más tiempo para ajustarse y perfeccionar los nuevos mecanismos" aduaneros.
Un acuerdo histórico que derribará la Verja
El acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la UE supone un hito histórico: redefine por completo la relación del bloque comunitario con Gibraltar y, de forma simbólica y práctica, derribará la Verja. Entre las garantías obtenidas por el Peñón figura una de especial relevancia: el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES) europeo no será de aplicación para los residentes de Gibraltar, independientemente del color de su tarjeta de registro civil.
Las autoridades gibraltareñas también han celebrado la unanimidad de los Veintisiete al respaldar los acuerdos, calificándola de "paso decisivo en el proceso". A su juicio, ese respaldo colectivo "aporta mayor seguridad y autoridad al marco acordado" y refleja el compromiso de toda la Unión Europea de poner en práctica las nuevas disposiciones "de manera duradera y ordenada".
Quedan al menos dos meses para la firma definitiva
No obstante, el camino aún no ha concluido. Lo aprobado este miércoles es un acuerdo de principio que todavía necesita la adopción formal por parte de la misma institución para que se concreten tanto la firma como su aplicación provisional. El proceso requiere al menos dos meses adicionales para llevar a cabo las revisiones legal y lingüística de los textos del Tratado, que deberán ser traducidos a todas las lenguas oficiales de la UE antes de poder entrar en vigor.
