Enrique entró en la Armada con 23 años, después de intentar ingresar en el Cuerpo de la Guardia Civil, “pero cambiaron el temario y me quedé descolocado, pero aproveché lo que ya sabía para entrar en el Ejército”, cuenta. De aquello hace 22 años, un tiempo durante el que ha prestado servicio como mecánico en la Marina hasta que, una vez cumplió los 45 años, se vio en la calle con una amplia experiencia que, en la vida civil, no le sirve. No hay forma de homologarla. Su currículum, como el de los miles de compañeros que están afectados por la Ley de Tropa y Marinería de 2006, es un folio en blanco.
Su experiencia profesional fuera del Ejército se ciñe a los trabajos de pintado de edificios y albañilería que realizó antes de entrar. “Es una frustración muy grande, porque te das cuenta de que te has tirado media vida dándolo todo, fuera de casa, perdiéndote cumpleaños, defunciones… y te das cuenta de que no ha valido para nada”, dice Enrique, quien se siente “abandonado”. Ahora cursa un FP de técnico en emergencias sanitarias, que le servirá para reciclarse y poder encontrar un empleo. “He tenido suerte, porque en mi último destino tuve unos jefes muy buenos y me han ayudado, pero es como si hace 23 años me hubieran metido en un agujero y me sacan, ¿qué hago ahora?”.
Su condición de reservista de especial disponibilidad, a la que pasan las personas mayores de 45 años, le hace perder la de militar, una etapa durante la que ha sido conductor de camiones y grúas de 80.000 kilos. “Ahora cumplo 45 años y no puedo llevar un camión porque no me dan el CAP (Certificado de Aptitud Profesional)”, se queja Enrique, que forma parte de la plataforma 45 sin despidos, constituida para pedir al Ministerio de Defensa una solución a sus problemas. Con su salida del Ejército, les queda una pensión mensual de 600 euros, que dejarán de percibir cuando cumplan 65 años, y que en el caso de no encontrar un trabajo estable durante ese periodo, puede hacer que les quede una jubilación pésima.
Es como si hace 23 años me hubieran metido en un agujero y me sacan, ¿qué hago ahora?”
El Ministerio creó hace años una plataforma de empresas, Sapromil, para que los militares se pudieran recolocar en el mercado laboral, pero 45 sin despidos critica que esta alternativa pasa por trabajos peores pagos y con pocas horas, hasta el punto de que en 2018 tan solo tres militares de tropa y marinería se han acogido a estos servicios. Enrique busca un hueco en el raquítico mercado laboral de la provincia de Cádiz, después de estar destinado en el buque Castilla, el Aragón, en el Arsenal de la Carraca de San Fernando, en el buque Galicia y en otros tantos. “Después de todo esta experiencia llegas al INEM y no saben dónde ponerla, no está homologado”, señala. Tal es la indefensión que, además, de su certificado laboral “desaparecieron” seis años de experiencia.
Lo mismo le pasó a Rafael Tejera, quien cumplió 45 años en diciembre de 2017. “Mi currículum es un folio en blanco”, expone. Fue a la segunda intentona cuando logró entrar en la Armada, con 23 años, tras lo que estuvo trabajando en la fragata Baleares, en la Reina Sofía y en la décima escuadrilla de aeronaves de la Armada. “Tengo dos cursos, de consola de cañón y del lanzador de misiles de la fragata, pero no me valen fuera”, dice. Rafael se queja de que la ley de 2006 recoge que, dos años antes de su salida, el Ejército está obligado a impartirles formación para su vuelta a la vida civil, “pero no existe, a mí no me han llamado”, señala. El próximo mes de enero se le acaba la prestación por desempleo y empezará a percibir los 600 euros que contempla la normativa. “¿Con eso qué haré? Hay compañeros en la indigencia, a los que les han quitado la casa…”, expone.
Enrique, uno de los militares que han despedido. FOTO: MANU GARCÍA.
La plataforma 45 sin despidos cifra estas salidas en 517 hasta diciembre de 2017, aumentando hasta los 1.774 para finales de 2018. Para 2035 serán casi 68.000 los militares que hayan tenido que abandonar el Ejército por el cumplimiento de esta ley, que supone un gasto de casi 150.000 euros por persona al Ministerio de Defensa durante los 20 años que pasan desde el paso a reservista de especial disponibilidad hasta el 65 cumpleaños de estos militares. Más de 10.000 millones en total.
“Este año van a salir una media de cinco diarios, esto es un ERE encubierto”, apunta José Manuel, miembro del Ejército del Aire al que le quedan unos meses de servicio, hasta el día de su 45 cumpleaños. “Nos discriminan por la edad”, censura, y añade que no forman parte del Estatuto Básico del Empleado Público, ya que son eventuales si no consiguen plaza, una tarea bastante difícil en vista, dice, de las pocas vacantes que se ofertan.
Cada militar supone un gasto de unos 150.000 euros al pasar a reservista de especial disponibilidad, más de 10.000 millones en total que asume Defensa
“Con 25 años acabé mis estudios de técnico superior y cuando nadie quería entrar, nos quedamos. Cuando se cobraba más fuera que dentro, nos quedamos. Y ahora no nos solucionan esto, simplemente queremos trabajar”, señala. “Estamos en el limbo”, agrega. Por eso no se explican la falta de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, después de que el PSOE apoyara en febrero de este año una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Podemos y arropada, además de por los socialistas, por Ciudadanos, que solicitaba “medidas urgentes” para evitar que la salida de los militares genere “situaciones de imposible o muy difícil reversibilidad”.
Noelia es una de las pocas mujeres que, hace casi 20 años, estaba en el Ejército. Su padre y sus tíos ya fueron militares, y ella misma se crió en la base de Ferrol de la Armada, por lo que ingresó en las Fuerzas Armadas “por vocación”, con 25 años y sin experiencia previa en el mercado laboral. “El primer problema que me encontré fue que no querían a mujeres”, dice, unos años durante los que se ha encontrado con cientos de “discriminaciones” por el hecho de no ser hombre. Incluso le han negado la formación en alguna ocasión. “Si hablo es peor”, señala. “Me he tragado muchos sapos, y los que me quedan”, añade, cuando está a punto de cumplir 45 años y, por ende, de romper filas. “Entré de escribiente y cuando salga no lo puedo demostrar, todos los cursos que he hecho no me sirven”, apunta.
Las privatizaciones salen caras
La plataforma 45 sin despidos, que lucha contra la indefensión que sufren estos militares, censura a su vez que, mientras a ellos se les condena a abandonar el Ejército, el Ministerio de Defensa sigue privatizando servicios de seguridad con empresas privadas, “que contratan a personas que superan los 45 años”, apunta el presidente de la organización, Jenner López, en declaraciones a Voz Pópuli.
“Nos echan por un lado y contratan a otro por la puerta de atrás. No tiene sentido”, agrega, al tiempo que calcula que estas privatizaciones cuestan unos 40 millones de euros, que ascienden a 52 millones sumando el paro de los militares y la asignación de los reservistas, una cifra que podría reducirse hasta los 30 millones en el hipotético caso de que se mantuvieran los soldados en sus puestos.
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