El pasado día 3 de marzo, en una operación conjunta de la Inspección de Trabajo y la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional en una empresa agraria de Roquetas de Mar, identificaron a ocho trabajadores que estaban trabajando en la finca de Explotaciones Rubio Amat S.L.. A cada trabajador, cinco hombres y tres mujeres, se les notificó una orden de expulsión por carecer de permiso de residencia.
El Sindicato de Obreros del Campo - Sindicato Andaluz de Trabajadoras de Almería entiende que esta operación no profundizó lo suficiente en las condiciones laborales que los trabajadores llevaban soportando, algunos desde el año 2017. Por los testimonios recabados entre los afectados, cree que hay motivos para haber procedido a detener a los empresarios agrícolas que los empleaban y profundizar aún más en la investigación.
Según la información recabada por el sindicato, los trabajadores recibían salarios que eran casi la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 36 euros día. Además, a este salario se le retraía entre 200 y 250 euros según el caso, con la promesa de que se les regularizaría su situación al cumplir los tres años de estancia en el país. La jornada laboral era de 8:20 horas de lunes a sábados y en algún momento se trabajó en domingo. Únicamente con descanso en el mes de julio. La jornada laboral se realizaba sin las adecuadas medidas de seguridad e higiene, que no contenían ninguna prevención contra el Covid-19.
Además, el sindicato alerta de la utilización de productos fitosanitarios con los trabajadores dentro del invernadero y de que los trabajadores pagaban por supuestamente ser empadronados, y por un “documento” que se les entregaba por proporcionarles alojamiento. Además del acoso sexual que recibían algunas trabajadoras. "En realidad todo era un engaño a unos migrantes a los que se mantenían en condiciones de semiesclavitud: nunca fueron empadronados ni regularizados", se queja.
El portavoz del Soc - SAT Almería, José G. Cuevillas, asegura que "el pasado 10 de marzo el sindicato puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo toda la información recabada. Y se solicitará la protección de estos ciudadanos. Y según la respuesta que se obtenga, se pondrá la oportuna denuncia ante el Juzgado. No es posible que una situación que incumple claramente todos los derechos laborales y derechos humanos, finalmente beneficie al empresario que los explotaba. Ya que con la expulsión también se le elimina el problema y se le permite quedarse con todos los beneficios de su explotación. Las situaciones de abuso laboral y de vulneraciones de derechos fundamentales, no es justo que acaben con ordenes de expulsión".
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