Resistir al coronavirus, el último reto de los agricultores desde la "despensa de Europa"

Los tractores invadieron las carreteras del país hace semanas, mostrando una imagen insólita, la de vehículos agrarios, en fila, impidiendo la circulación de turismos o camiones. Los bajos precios que cobran los agricultores por sus productos los llevaron a protagonizar protestas multitudinarias que cesaron con el inicio del confinamiento decretado por el estado de alarma. “Seguiremos manifestándonos cuando acabe todo, pero ahora no es momento de críticas, sino de solucionar problemas y de trabajar para que no falten alimentos a las familias”, dice Juan Pérez Sanjosé, un horticultor de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz, donde regenta una hectárea y media en la que cultiva sandías y melones.

Juan lleva “toda la vida” en el campo. Él forma parte de la tercera generación que trabaja las tierras familiares en la que antes se deslomaron su padre y su abuelo. Fue terminar el servicio militar y echarse al campo. Desde entonces no ha salido de él. “Es cuestión de valores, la sociedad muchas veces no valora la agricultura, pero yo lo he vivido de pequeño, lo he sabido valorar, he visto el rendimiento, la productividad y lo que genera para la economía propia y la del país, y aquí estoy”, cuenta Pérez Sanjosé, quien estudió Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones con la idea de quedarse en el Ejército, y también trabajó en bares, pero el campo lo terminó conquistando.

“Me decían que lo más malo era el campo, pero cuando sales al mercado laboral y ves otros gremios, la exigencia es la misma. Al final no es tan duro el campo como lo pintan”, añade Juan, quien tiene claro que en estos momentos “los agricultores somos solidarios, somos empresas familiares y trabajamos productos relacionado con la vida”. Él es uno de los que ha puesto sus tractores a disposición de ayuntamientos como el de Chipiona, para que desinfecte las calles de la localidad, “y para lo que haga falta”. Ya que hacen ese esfuerzo, dice, “lo único que le pedimos a la sociedad es que esté sensibilizada con nuestro sector y que consuma productos del país”.

Juan Pérez, revisando las sandías que cultiva en su invernadero. FOTO: MANU GARCÍA

Las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma han hecho que Juan concentre las horas de trabajo por la mañana, y que utilice, claro, medidas de protección. Una mascarilla de tela, con rayas horizontales azules y blancas, además de guantes azules, tiene cuando lavozdelsur.es visita su invernadero, situado a pocos kilómetros de Chipiona. “Trabajamos seis horas y media o siete cada día, dependiendo del estado de producción de las cosechas”, cuenta. Además de él, en su explotación cuenta con dos y o tres trabajadores, dependiendo de las necesidades de mano de obra. Aun no sabe a qué precio le pagarán las sandías y melones que está cultivando. El panorama no es muy halagüeño que digamos. “El mercado está copado de sandía de importación, de Costa Rica o Senegal, y no se sabe qué respuesta tendrá el consumidor”, explica.

A horticultores como Juan, la Comunidad Europea les exige el seguimiento de estrictas normativas por las que tienen que usar productos fitosanitarios o asumir costes laborales de sus empleados. “Es como hay que hacerlo”, deja claro, “pero luego no podemos competir con países donde la mano de obra cuesta cinco euros al día, cuando a mí me cuesta al menos 50 euros el jornal, más 21 euros de seguros sociales”. Hace unos días, asociaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA pidieron a la Comisión Europea que apoye a los productores de alimentos del continente, aunque está por ver que estas reclamaciones sean atendidas.

A pocos kilómetros del invernadero de Juan tiene el suyo Alejandro Zarazar, que lleva 15 años trabajando en el campo. A él, como a Juan, le viene de familia. En la hectárea y media que gestiona cultiva sandías, pimientos y tomates que acaban, sobre todo, en comercios locales, pero también en algunas grandes superficies. Con las ferias de toda la comunidad suspendidas, el precio de sus productos ha bajado considerablemente. Sus pimientos cuerno de cabra, de gran calidad e ideales para freír y servir en casetas —muchos acababan ahí— o en bares, los está cobrando a 0,58 euros el kilo. En condiciones normales su precio estaba entre 3,5 y cuatro euros el kilo. “No se están defendiendo los precios”, se queja Alejandro, quien explica que “son más caros porque para envasar una caja de pimientos se necesita una hora de trabajo de una persona”. Ese mimo, luego, no se traduce en el precio que cobran por el producto.

Alejandro, transportando una carretilla de sandías. FOTO: MANU GARCÍA

“La calidad hay que defenderla”, expone Zarazar, un chipionero que con su invernadero da de comer a su familia y a su madre, viuda desde hace unos meses. “Da para las dos casas, pero muy justo”, dice. “El problema es que producimos productos muy buenos y luego competimos con sandías de otros países, peores y con menos coste de mano de obra que son más baratas”, señala. La familia Zarazar es conocida en la zona por el buen género que cosecha. En el árbol genealógico de Alejandro es frecuente encontrar a agricultores, una actividad a la que se han dedicado desde hace décadas, excepto los 30 años que su padre estuvo en Barcelona, como feriante. A su vuelta, regreso a los orígenes, a pesar de las dificultades. “Siempre escuchaba a mi abuelo decir que vendía tomates a 20 duros, que son 0,60 céntimos, como ahora, y de eso hace 80 años”, expone.

“Llevamos tres años cambiando el dinero”, dice Alejandro, exponiendo que apenas saca beneficio de sus cosechas, eso sin contar cómo le afectará la crisis del coronavirus. De momento sigue dedicando entre diez y once horas diarias a su plantación, que hasta tiene en venta, harto de las precarias condiciones a las que lo aboca la agricultura. “Si puedo irme a trabajar a otro lado, lo haré, porque le estoy quitando mucho tiempo, y también dinero, a mi familia”, incide Zarazar. “Cuando termine de coger la primera cosecha de sandía y pague los productos, a ver cómo me sale… para comer y poco más”. De hecho, tenía dos invernaderos y se ha quedado solo con uno, porque “te hartas de trabajar y encima le echas dinero encima”.

Juan y Alejandro coinciden en señalar que es clave “concienciar a la ciudadanía para que consuma productos locales”. Solo así podrán seguir defendiendo sus plantaciones y los puestos de trabajo que generan. “La despensa de Europa es Andalucía y a este paso desaparece”, expresa Juan Pérez, quien cree que crisis como la del coronavirus deben servir para que “salgamos de ella más preparados”. “Hemos abandonado la industria textil y ahora nos han hecho falta mascarillas, acudiendo a China con las fábricas que había aquí. Hemos dejado caer oficios necesarios que ahora, cuando hacen falta, no están”, dice Juan, quien acaba con una reflexión: “Esto nos va a enseñar que no se puede correr tanto, ni estar tan acelerado, hay que ser más feliz y vivir de otra manera”.

Campaña #SOSCampesinado

Unas 600 organizaciones y colectivos de todo el país abanderan la campaña #SOSCampesinado, una alianza de organizaciones ecologistas, sindicatos, productoras y productores locales, plataformas, cooperativas y grupos de investigación que exige la protección de la economía local y el sector agroalimentario de pequeña escala. En una carta reciente dirigida a los ministerios de Consumo y Sanidad solicitan que se “dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad”.

Los colectivos firmantes denuncian los costes inasumibles a los que se enfrentan los productores locales, que está incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos, y está impidiendo que lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más sanos frente a los procesados. Las organizaciones se remiten a los protocolos de seguridad e higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que los mercados de proximidad puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante la crisis del coronavirus.

La campaña también incluye una petición a la Administraciones públicas para que apuesten por las producciones locales, las de origen extensivo y las agroecológicas, en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; así como por medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.