La plataforma de reparto Glovo ha anunciado el inicio de un periodo de consultas para un expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a un máximo de 750 repartidores en España. La medida se enmarca en un proceso de reorganización que incluye además la reducción del servicio en 63 localidades repartidas por distintas provincias, con el objetivo, según la empresa, de evitar el cierre completo de su actividad en esos territorios.
Entre las demarcaciones afectadas se encuentran provincias como Barcelona, Tarragona, Girona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas, Gipuzkoa, Ceuta y Melilla, entre otras. La compañía sostiene que la decisión forma parte de un ajuste operativo destinado a garantizar la viabilidad de su negocio en determinados mercados locales.
Un portavoz de la empresa ha reconocido en un comunicado que se trata de una decisión "difícil", aunque ha subrayado que la plataforma mantendrá su actividad habitual en el resto de ciudades españolas, que superan las 800 en todo el país. Desde la compañía también se ha señalado que seguirán trabajando para "ofrecer la mejor experiencia posible" tanto a clientes como a comercios pese a la reducción de su presencia territorial.
El modelo de reparto y la respuesta del Gobierno
La empresa ha vinculado esta reestructuración al funcionamiento del actual sistema logístico denominado Gen2, que considera poco eficiente. Según ha explicado la compañía en una comunicación remitida a sus empleados, este modelo "ha demostrado ser ineficiente y ha provocado una notable caída en la calidad del servicio, especialmente en poblaciones de tamaño medio y pequeño".
Ante esta situación, la plataforma considera necesario introducir cambios en su organización operativa y avanzar hacia el modelo Gen1, un sistema en el que la empresa no asume directamente la operativa de reparto. El expediente de regulación de empleo se fundamenta, según Glovo, en "causas organizativas y productivas", vinculadas a la necesidad de adaptar su estructura para mantener la competitividad en el mercado.
El anuncio ha generado una reacción en el Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha advertido que el Ejecutivo no aceptará presiones empresariales en este proceso. En declaraciones públicas, la ministra ha afirmado que España no permitirá "ningún chantaje" por parte de Glovo ni "ninguna otra empresa" tras el anuncio del ERE.
El proceso de consultas abierto por la compañía marcará ahora el calendario de negociación con los representantes de los trabajadores, mientras el sector del reparto a domicilio continúa afrontando cambios estructurales derivados de la evolución del mercado y de la adaptación de las plataformas digitales a nuevos modelos de gestión laboral y logística.