La empresa de reparto a domicilio Glovo ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de 750 repartidores en España, meses después de haber incorporado a miles de trabajadores que hasta entonces operaban bajo el modelo de falsos autónomos. La compañía ha señalado que la medida busca reducir plantilla en unas 60 ciudades, entre ellas algunas de gran peso en su actividad como Barcelona o Valencia, con el objetivo de mantener su presencia y evitar el cierre de operaciones en esas localidades. En el resto de los más de 800 municipios donde la plataforma continúa operando, la empresa asegura que por el momento se mantendrá la actividad habitual.
La decisión llega aproximadamente nueve meses después de que la compañía anunciara el abandono de su modelo de repartidores autónomos. En ese momento, la empresa comunicó que había ofrecido contratos laborales a más de 30.000 repartidores en España, de los cuales alrededor de 14.000 aceptaron incorporarse como asalariados. Ese cambio se presentó como una adaptación al nuevo marco laboral que afecta al sector de las plataformas de reparto y que obligaba a modificar la relación contractual con los trabajadores.
Sin embargo, en los últimos meses varios de esos repartidores han recibido cartas de despido por motivos disciplinarios. Según informaciones difundidas por la cadena Cadena SER, las notificaciones mencionaban ausencias injustificadas o problemas de puntualidad. Los trabajadores afectados han negado estas acusaciones y han manifestado que, pese a que la empresa asegura que cada caso es revisado por un responsable, parte de los procesos de terminación de contrato se realizan de forma automatizada, lo que en ocasiones podría generar errores.
La denuncia de CCOO
Ante esta situación, el sindicato Comisiones Obreras ha presentado una denuncia contra la empresa ante la Audiencia Nacional al considerar que se estaría ejecutando un expediente de regulación de empleo encubierto. En un comunicado, la organización sindical sostiene que cada semana se producen centenares de despidos disciplinarios vinculados a supuestos tiempos excesivos de entrega o de espera en los pedidos.
El sindicato también afirma que en muchos casos se atribuyen a los trabajadores problemas que no dependen de su actividad directa, como fallos en la aplicación de reparto, retrasos en la preparación de los pedidos en los establecimientos o incidencias en la gestión de bajas laborales. Según su valoración, el elevado número de despidos acumulados debería obligar a la empresa a tramitar formalmente un ERE. La organización ha señalado que su objetivo es que el caso llegue a juicio y que los tribunales puedan declarar nulos los despidos disciplinarios que considera injustificados.