El Gobierno de España da un paso significativo en la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil española. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado este viernes el lanzamiento de un contrato para ofrecer pruebas gratuitas de ADN en distintos laboratorios del país a todos los familiares que estén buscando a un ser querido desaparecido durante el conflicto. El objetivo es acelerar la identificación de los restos que vayan aflorando en las exhumaciones pendientes.
El ministro Ángel Víctor Torres realizó el anuncio al término del Consejo Territorial de la Memoria, celebrado en La Palma, donde subrayó el carácter "importante" de esta acción para agilizar las identificaciones. Sin embargo, también fue honesto respecto a los obstáculos: "el tiempo no juega a favor" de la iniciativa, dado el paso inevitable de los años y el envejecimiento de los familiares directos que aún podrían aportar muestras genéticas útiles.
La mitad de los desaparecidos, aún sin exhumar
Torres desgranó además el estado actual del proceso de exhumaciones, que se encuentra al 50%. Según sus datos, ya habrían sido recuperadas alrededor de 9.000 personas, pero quedan otras 10.000 susceptibles de ser exhumadas. El ministro reconoció, no obstante, que parte de ellas nunca podrán serlo: "Otras no podrán exhumarse por las dificultades de los lugares donde fueron enterradas", precisó.
El Gobierno tiene la voluntad de culminar la legislatura habiendo completado esas 10.000 exhumaciones pendientes, según recordó Torres, quien apeló al apoyo de todas las comunidades autónomas: "Este no es solo un asunto político, es un asunto de carácter humano y de defensa de nuestra democracia". Para ello, existe ya un mapa de fosas que sirve de guía para planificar las actuaciones.
En el marco del mismo Consejo Territorial, las comunidades autónomas aprobaron por amplia mayoría la distribución de 3 millones de euros entre las regiones para llevar a cabo proyectos de exhumación e investigación. La mayor parte de los fondos, 2 millones de euros, se destinarán a la localización, exhumación e identificación de desaparecidos durante la Guerra Civil y la represión franquista posterior. El millón restante irá a actuaciones de divulgación, dignificación de lugares de memoria y otras iniciativas contempladas en el Plan 2025-2028.
Solo dos abstenciones en un acuerdo histórico
La votación se saldó "sin ningún voto en contra", según subrayó el propio Torres, con únicamente dos abstenciones, las de las comunidades de Madrid y La Rioja, según precisó el Ministerio. El ministro celebró el grado de "consenso" alcanzado y se congratuló de presidir lo que considera, a su juicio, el órgano sectorial del Gobierno con mayor nivel de acuerdo: "A diferencia de otros órganos, en donde se vota en contra o se abandonan las sesiones, hoy he estado en uno de un tono educado, con propuestas, también correcciones, y finalmente con apoyo", recalcó.
La inversión aprobada se enmarca en la línea estratégica principal del citado Plan 2025-2028, orientada a garantizar el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos. Torres expresó su deseo de que los recursos lleguen "cuanto antes" a las comunidades y de que los proyectos ya presentados puedan seguir avanzando en dar "dignidad, justicia, verdad y reparación" a las víctimas y a sus familias.