El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado que la plataforma Booking ha retirado 4.093 anuncios de alojamientos turísticos que no cumplían con la legislación vigente, la mayoría de ellos localizados en las Islas Canarias. La medida se produce después de que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy enviara un requerimiento a la empresa para que eliminara la publicidad que vulneraba la normativa.
Según el Ministerio, esta acción forma parte de su estrategia para frenar la proliferación de pisos turísticos ilegales, fenómeno que consideran directamente vinculado a las dificultades de acceso a la vivienda en zonas con alta presión turística. Además de en Canarias, los anuncios eliminados también estaban ubicados en comunidades como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha.
Desde Consumo se ha subrayado la disposición de Booking a colaborar tras el requerimiento inicial. La institución sostiene que la eliminación de estos anuncios contribuye a garantizar los derechos de los consumidores y a asegurar que la oferta turística cumpla con los requisitos legales establecidos por las administraciones.
Respaldo judicial
La actuación contra Booking se produce una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldara por segunda vez las medidas impulsadas por el Ministerio contra Airbnb. En ese caso, la plataforma había solicitado medidas cautelares para evitar acatar un requerimiento que le instaba a retirar 5.800 anuncios irregulares, pero el tribunal desestimó la petición y validó la actuación de Consumo.
El respaldo judicial afecta también a otros dos requerimientos enviados a Airbnb, que implicaban la retirada de un total de 65.935 anuncios considerados ilícitos por la Unidad de Análisis de Consumo. Las infracciones detectadas incluyen, en su mayoría, la ausencia de número de licencia, el uso de licencias falsas o incorrectas y la omisión de la naturaleza jurídica de los arrendadores.
Estas irregularidades suponen, según el Ministerio, un riesgo para los consumidores y vulneran normativas autonómicas específicas. La actuación contra ambas plataformas se enmarca en un esfuerzo más amplio para asegurar la transparencia en el mercado de alquiler turístico y garantizar que los alojamientos que se ofrecen en línea cumplan con los requisitos legales establecidos.