El agua que sale por el grifo en varios municipios de la provincia de Cádiz contiene niveles de nitratos que rozan o superan el límite legal establecido en 50 mg/L, según los datos recopilados por Ecologistas en Acción de Cádiz a partir de los registros oficiales de control del agua de abastecimiento. Y la situación, y esto es aún más preocupante, no es en absoluto nueva.
Los municipios más afectados son Vejer de la Frontera, Bornos y Villamartín, que concentran los casos más preocupantes tanto por el número de habitantes expuestos como por los valores registrados. También se detectan concentraciones elevadas en pedanías de Barbate y Arcos de la Frontera. La exposición prolongada a niveles altos de nitratos en el agua de consumo se ha relacionado con riesgos para la salud, entre ellos el cáncer colorrectal.
El caso más grave se registra en Vejer de la Frontera, donde varios núcleos rurales —Los Naveros, Los Parralejos, Patría y El Cañal— que suman 943 habitantes registraron en 2024 valores muy próximos al límite legal, con un máximo de 48 mg/L. La situación empeoró en 2025, cuando el agua de las redes Valero-El Cañal y Los Naveros fue declarada no apta para el consumo humano tras superar ese umbral. El contraste dentro del propio municipio es llamativo: el núcleo principal de Vejer y pedanías como Santa Lucía, Cañada Ancha y La Barca presentan niveles en torno a los 6 mg/L, muy por debajo de los valores que preocupan a los ecologistas.
Bornos: casi 4.300 personas con agua contaminada de forma histórica
En Bornos, la situación afecta a un número mucho mayor de personas. Tres de sus cuatro redes de abastecimiento —La Fábrica, El Pinar y Barriada Manuel Soto— suministran agua a 4.230 personas con niveles históricamente altos. En La Fábrica se midieron 46 mg/L en 2024; en El Pinar, 45,2 mg/L en el último dato disponible de 2022; y en la Barriada Manuel Soto, 48,9 mg/L en 2021. La red de Molino Ancho, que abastece a 2.237 habitantes, presenta valores más moderados pero en aumento, con un máximo de 16 mg/L, mientras que en Coto de Bornos se han registrado picos de 18 mg/L.
Villamartín, cuya única red abastece a 11.987 habitantes —la mayor población afectada de todas las analizadas—, mantiene una tendencia histórica de niveles elevados. En 2024 se midieron 31 mg/L y el análisis más reciente de 2025 ya alcanza los 44 mg/L, una cifra que evidencia un deterioro progresivo de la calidad del agua. Ante esta situación, se proyecta la construcción de una planta de ósmosis inversa para mejorar el suministro.
Barbate y Arcos, con focos localizados pero niveles alarmantes
En Barbate, el problema se concentra en la pequeña pedanía de El Soto, con apenas 100 habitantes, donde en 2024 se alcanzaron valores de hasta 45 mg/L. El núcleo principal de Barbate y zonas turísticas como Zahara de los Atunes, Los Caños de Meca y Zahora mantienen niveles por debajo de 5 mg/L.
En Arcos de la Frontera, la pedanía de La Perdiz, con 213 habitantes, registra los valores más preocupantes del municipio, con hasta 30 mg/L y una tendencia al alza. En el resto del término municipal, los niveles son más moderados, con un máximo de 19 mg/L en 2024. Jédula, en cambio, presenta 0 mg/L, sin rastro de nitratos.
El origen de esta contaminación es principalmente agrícola: el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en zonas de regadío y la ganadería industrial están deteriorando progresivamente las aguas subterráneas de las que se nutren estos municipios.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción reclama al Gobierno la revisión del Real Decreto 3/2023 para reducir el límite máximo permitido de nitratos, actualmente fijado en 50 mg/L, un umbral que la organización considera incoherente porque "duplica el permitido en ecosistemas fluviales, pese a los riesgos conocidos para la salud". La organización también exige a los ayuntamientos que garanticen un suministro de agua potable seguro y una adecuada gestión de las aguas residuales y pluviales.
La denuncia ecologista apunta además a la necesidad de replantearse el modelo productivo: "La expansión del regadío intensivo y de la ganadería industrial está contribuyendo a la contaminación de acuíferos, suelos y aguas superficiales, por lo que reducir el uso de fertilizantes nitrogenados y frenar este modelo resulta clave para proteger el medio ambiente y la salud pública y garantizar el abastecimiento de agua potable en el futuro", concluye la organización.
