En contra de la explotación laboral y el trabajo infantil. La ley que ha propuesto la Comisión Europea para luchar contra estas lacras no ha convencido al PP ni a Vox en Bruselas, donde han votado en contra de esta directiva que persigue acabar con la situación de trabajo forzoso o peligroso en todo el mundo.
Uno de cada diez niños trabajan en el planeta. Sin embargo, estas formaciones políticas han considerado que esta no es la forma adecuada ya que temen que suponga una traba para la competitividad entre empresas europeas en el mundo.
“Algunos de los compromisos eran demasiado gravosos para las empresas de la UE, especialmente pymes”, señala la delegación española del PP en eldiario.es. No obstante, las restricciones planteadas solo afectan a las compañías con importantes cifras de facturación. Los populares piensan que repercute “negativamente en las competitividad de las empresas europeas a nivel global”. “La plena armonización en todo el mercado único es de gran importancia para las empresas de la UE y es necesaria para garantizar la igualdad de condiciones”, sostienen.
Vox carga contra la directiva, que afectará a las compañías con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, afirmando que “las violaciones de derechos humanos se persiguen con policía, jueces, cárcel o dejando de financiar a sátrapas extranjeros, pero no imponiendo más cargas, obligaciones, gastos e ideología en las empresas”.
Pese a la contrareidad de estos grupos, la Eurocámara ha avalado la ley con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones.
La Comisión Europea ha enviado este jueves a España un dictamen motivado que da dos meses al Gobierno para incorporar esta directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles a su legislación nacional, que proporciona derechos laborales y protección más amplios y actualizados a los trabajadores.
Con las nuevas normas, los trabajadores tienen, por ejemplo, derecho a una mayor previsibilidad en relación con las asignaciones y el tiempo de trabajo, así como a recibir información puntual y más completa sobre los aspectos esenciales de su labor, como el lugar de empleo y la remuneración.
Según los cálculos de Bruselas, estas nuevas normas también beneficiarán en particular a entre dos y tres millones de trabajadores con formas precarias de empleo.
En septiembre de 2022, la Comisión envió expedientó a un total 19 Estados miembro por no incorporar en absoluto, o no plenamente, la directiva a su legislación nacional. Ahora, ha decidido enviar un dictamen motivado a Grecia, España y Luxemburgo, ya que estos países aún no han notificado medidas nacionales para aplicar las nuevas normas de la UE ni han comunicado un proyecto de ley con un calendario específico para su adopción.
Estos tres países disponen ahora de dos meses para notificar sus medidas nacionales y, de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión puede decidir llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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