Noemí Martínez es una joven residente en Córdoba que está viviendo una auténtica pesadilla junto a su pareja para encontrar piso. Actualmente, vive de alquiler en el barrio Huerta de la Reina, pero su casero le ha dado un ultimátum. A finales de octubre tiene que abandonar el piso. Noemí lleva buscando un nuevo hogar desde enero, pero hasta la fecha le ha sido imposible.
En el camino se está encontrando con situaciones indignantes en pleno siglo XXI. Desde varias inmobiliarias le han dado largas por ser autónoma y también ha sufrido la discriminación de dos arrendadores que no han querido alquilarle el piso por la silla de ruedas de su padre. Noemí está embarazada y teme quedarse en la calle.
"Cuando llamas a un anuncio de pisos de Milanuncios o Idealistas, todo son inmobiliarias. Lo primero que te preguntan es si tienes contrato fijo o indefinido. Si dices que eres autónoma, te contestan diciendo que el casero no quiere autónomos. O si los aceptan, te preguntan si tienes a alguien que te avale. Y luego te preguntan cuánto ganas, que si ganas más de 1.200 o 1.500 euros. Datos que, por protección de la ley, no puedes dar por teléfono".
La inmobiliaria Domus se negó a enseñarles un piso por no querer desvelar Noemí su sueldo por teléfono. "La mujer de la inmobiliaria nos dijo que no iba a salir a la calle con 48 grados para perder el tiempo si no cumplíamos los requisitos".
Desde Open Inmobiliaria le enseñaron una vivienda en avenida del Aeropuerto. Tras la visita, cuando la joven comentó que era autónoma, le pidieron por WhatsApp numerosa documentación y empezaron a darle largas, llegando a decir que el piso se había alquilado. Una semana después seguía estando publicitado y Noemí volvió a concertar una visita.
"Nos lo enseñan y cuando nos preguntan qué tal, le comentamos que ya lo habíamos visto. La mujer no esperaba que la desenmascarásemos y le llevásemos todos los papeles impresos. Entonces, cuando vio que la habíamos pillado, no dijo que la mujer del piso solo quería funcionarios", cuenta esta joven natural de un pueblo de Cuenca.
"No alquilar por condición sexual, raza o diversidad funcional es un delito"
Tras estos dos desengaños, Noemí y su pareja se enteran de que alquilan un piso en el mismo bloque en el que viven actualmente. El 6 de junio, a las nueve de la mañana, ven el piso. A la visita acudió con su padre, que vive con ellos y que está en silla de ruedas. "La propietaria empezó a decir que si se rozan las paredes. Le dije que eso no es problema, que se pintan. Tenía cuatro muebles y le dijimos que si lo podía sacar porque nosotros teníamos sofás y camas. Ese mismo día le dijimos que sí, que nos quedábamos con el piso. A la una y media de la tarde, mi marido le llama por teléfono y la mujer le dice que el piso no está preparado para lo que queremos. Que no le malinterpretemos, pero que no está preparado. Mi marido le pide que explique qué es lo que quiere decir con eso y le dijo que si no nos lo quería alquilar porque su suegro estaba en silla de ruedas".
La discriminación se ha vuelto a repetir esta semana. El martes fue a visitar un piso en su barrio. "Vamos a las siete y media y al ver entrar a mi padre, la casera pone una cara un tanto extraña y suelta un comentario de 'ten cuidado y no roces'. Nos dice que son 600 euros más aparte la comunidad, que son 50 euros".
En principio, todo parecía que podía salir bien, pero por la noche recibe la llamada de la casera diciéndole que su hija le había comentado que quería que viese más gente el piso. "Le dije que me urgía encontrar piso porque no puedo estar más en el que estoy porque mi casero nos echa y nos está constantemente amenazando. Nos urge porque no tenemos donde ir. Y la mujer nos dice que lo siente, pero que quiere que lo vea más gente. Me dice que a final de mes me dice, pero no me lo alquila porque mi padre está en silla de ruedas", cuenta Noemí.
"La vivienda es un derecho constitucional que se está incumpliendo. Estoy cansada, aburrida e indignada"
La indignación de esta joven es total tras todo lo que está sufriendo para encontrar una vivienda. "No alquilar por condición sexual, raza o diversidad funcional es un delito. Se está incumpliendo un derecho constitucional. Nos están discriminando. Estoy cansada, aburrida e indignada. La vivienda es un derecho constitucional. Tenemos nuestra vida en Córdoba, trabajo y amigos, pero vemos que no tenemos casa y que me voy a tener que ir a mi pueblo de Cuenca, que está a 400 kilómetros. Alguien se tiene que enterar de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad".
En la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, más de lo mismo. En la web publicitan viviendas en alquiler y con derecho a compra, pero luego lo que ofrecen es un bloque de pisos que están haciendo en la Huerta de Santa Isabel. "Un VPO en el que te piden diez mil euros a la firma del contrato, cinco mil euros para la llave, cinco mil euros para la segunda fase y la cocina sin amueblar. Eso no es VPO. Vivienda de protección oficial es para la gente, como en nuestro caso, a la que no le da para una hipoteca porque no puede ahorrar. Tengo 34 años y mi marido, 40. Somos de la generación a la que no nos han dado la oportunidad de ahorrar para una hipoteca. Nos la dan (la hipoteca), pero los gastos de gestoría y notaría no te lo da nadie. Entonces, ¿qué hacemos?".
A todo esto hay que añadir el precio por las nubes de los alquileres en la capital de la Mezquita. "Es una ciudad turística y mucha gente ha visto el filón de que es preferible alquilarlo para turista que para una familia o matrimonio. Esto va a explotar. En mi barrio, por estar cerca del centro de Córdoba, los alquileres están por las nubes. No hay quien pueda pagar 800 euros de alquiler. Yo soy autónoma y mi marido fijo discontinuo como vigilante de seguridad. Necesito una vivienda, me quedo en la calle. Me discriminan por la silla y por ser autónoma", destaca.
"Me discriminan por la silla y por ser autónoma. Necesito una vivienda, me quedo en la calle"
Capítulo extra merece el infierno que están viviendo con el casero. "Nos dice que le estamos costando el dinero y que vivimos como en un hotel. El piso huele a humedad y salen bichos por todos lados. Le llamamos para decirle lo de los bichos y le echa la culpa al Ayuntamiento de Córdoba. Nos hemos ido una semana de vacaciones y nos llamó por si habíamos encontrado piso porque había visto todo apagado. Está vigilándonos y nos dice que si no nos vamos en octubre, emprenderá acciones legales con la fecha del 30 de junio, que es la fecha en la que terminábamos el contrato antes de prorrogarlos".
Para no verse desamparada ante los posibles acontecimientos, se ha informado en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de los posibles pasos a seguir. "Nos dicen que si no tenemos vivienda, no nos puede echar. Él tiene que justificar si va a vender el piso o si es para un familiar. Nos tiene que demostrar la fecha en la que va a escriturarlo y, a partir de ahí, tendríamos dos meses para abandonarlo, pero tampoco quiero llegar a ese momento de tener que atrincherarme en el piso. No pido tanto, solo quiero una vivienda. Estoy embarazada y me veo en la calle, y dejando la ciudad después de ocho años, mi trabajo, mi vida, todo, porque se ha inflado una nueva burbuja. Por un motivo u otro nos están discriminando", concluye Noemí.
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