Un audio de whatsapp asegura que a través de "la madre de Javier" se ha enterado del caso de una persona a la que se le ha quedado la aplicación bloqueada durante "16 horas" por decir que Pedro Sánchez es "un hijo de puta" (sic).
"Las reincidencias tienen penas de cárcel, de insultos. Están vigilando nuestros whatsapp y la gente se está descargando Telegram a mansalva". "Estoy flipando". Asegura una voz femenina, que incluso pregunta a Javier. Este audio es un bulo deliberado.
Primero, porque whatsapp no tiene un sistema de rastreo de mensajes. La aplicación explica que no almacena estos, y mucho menos los controla. Esto iría contra toda la legalidad de la Ley de Protección de Datos española, que transpone la normativa europea. Las multas a las que se expondría de organismos públicos y las denuncias de entidades privadas por vulnerar la libertad costarían mucho más de lo que la empresa podria ganar ahora.
En segundo lugar, porque en España llamar "hijo de puta" a un personaje público en una conversación privada no es delito. Lo hacen cada día miles de mensajes en redes sociales abiertas, como Twitter. Además, de no tratarse de una comunicación privada, sino pública y dirigida a una persona pública o privada, corresponde a la propia persona denunciar los hechos o no.
Esto se calificaría en España como delito de injurias, y con la última reforma del Código Penal, en 2015, "sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal". Además, no vale cualquier persona, sino conviviente con vínculo familiar o similar. Se enmarca dentro de las conductas vejatorias de maltrato en el entorno familiar, como entre padres e hijos, por ejemplo. Pero hay más, es que ni siquiera en estos casos se castiga con cárcel, sino con multa. El hecho de que fueran reiteradas y amenazadoras, causando menoscabo en su integridad moral que se pudiera probar, entonces sí, de seis meses a tres años, siempre que sea lo suficientemente grave, y siempre a personas del entorno familiar. Lo puedes consultar en los artículos 208 y 173.
En tercer lugar, no se aporta ninguna prueba. Debido a la gravedad de los hechos y lo sencillo que sería probarlos (una captura de pantalla del supuesto mensaje en el que whatsapp amenaza con cárcel), no es algo baladí. De ser así, la empresa de mensajería estaría vulnerando un derecho fundamental recogido en la Constitución española y en las cartas de derechos fundamentales, a las que está adscrita la propia Unión Europea, donde a día de hoy opera la aplicación de mensajes sin problema. Además, ningún representante público ha denunciado la situación.
Este mensaje de audio sale a la luz, como se alega, a raíz de la salida de usuarios de whatsapp para darse de alta en Telegram, su competencia. Según dejó caer Vox, whatsapp iba a censurar los mensajes, tras anunciar un acuerdo con Maldita y Newtral, dos verificadoras. Sin embargo, lo que hizo whatsapp fue facilitar el acceso a las herramientas para quien lo deseara pudiera preguntarles a los periodistas verificadoras a través de buzones en la aplicación si una noticia era verdad o un bulo. Lo ha hecho para todo el mundo, con números de verificador de cada país.
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