Trabajadores del dispositivo Infoca, dependiente de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Andalucía (Asema), han elevado un escrito a Recursos Humanos y a distintas organizaciones sindicales en el que reclama estabilidad laboral y movilidad interprovincial. Los trabajadores denuncian la negativa de la Agencia a autorizar traslados, la paralización del concurso de promoción y traslado y el aplazamiento de la próxima oferta pública de empleo, inicialmente prevista antes de agosto de 2026 y ahora fijada para abril de 2027.
En el documento, las organizaciones firmantes subrayan la "necesidad de estabilidad laboral y de movilidad del personal de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Junta de Andalucía", en un contexto que describen como de bloqueo estructural. Aseguran que la ausencia de movimientos interprovinciales impide reorganizar efectivos, dificulta el acercamiento al domicilio y frena la evolución profesional, tanto del personal fijo discontinuo como de quienes han consolidado contratos de doce meses.
Movilidad bloqueada y conciliación en entredicho
Según exponen, Asema argumenta falta de personal administrativo para tramitar movilidades, pese a que existen vacantes y a que en campañas anteriores sí se autorizaron desplazamientos, incluso en periodos de alto riesgo. Recuerdan que en 2025 la empresa justificó la negativa por tener abierto el concurso de promoción y traslado, aunque ahora, con ese proceso prácticamente resuelto, sostienen que la carga administrativa debería haberse reducido.
Las permutas, añaden, se han convertido en la única vía disponible, pero solo han servido para casos puntuales y no alcanzan ni al 10% de la plantilla. El resultado, describen, es que numerosos trabajadores permanecen destinados durante meses en provincias distintas a su lugar de residencia, sin posibilidad real de planificación personal. Para empleados con discapacidad, advierten, esta situación añade dificultades objetivas para acudir a revisiones médicas periódicas, obligándoles a ausentarse jornadas completas o asumir descuentos salariales.
Estabilización pendiente y OPE aplazada
El escrito también cuestiona lo que denominan "el teatro de la estabilización". Recuerdan que el personal que obtuvo plaza fija discontinua en la OPE Adicional y en la OPE Extraordinaria a seis meses fue incorporado a un "Acuerdo de Estabilización Marco" que contemplaba ampliar los contratos de seis a nueve meses y posteriormente a doce. Sin embargo, denuncian que buena parte de las categorías auxiliares –vigilantes, especialistas forestales, teleoperadores y conductores de UMMT– quedaron parcialmente excluidas al considerarse puestos reservorio de continuidad laboral en 2023.
En la actualidad, señalan que la aplicación de jubilaciones anticipadas con coeficientes reductores está generando una necesidad estructural que exigiría cobertura durante los doce meses del año. A ello se suma el retraso de la OPE hasta abril de 2027 y la escasa dotación de plazas en categorías horizontales, mientras se plantean incorporaciones de 78 personas procedentes de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Todo ello, sostienen, contrasta con el discurso institucional de estabilización de la plantilla impulsado por la Junta de Andalucía, bajo la responsabilidad política del consejero Antonio Sanz.
Los trabajadores advierten de que detrás de cada contrato hay situaciones personales marcadas por salarios que en muchos casos apenas superan el umbral mileurista. Con ingresos inferiores a 1.200 euros mensuales en algunos puestos, explican, mantener vivienda, afrontar desplazamientos y sostener una familia se convierte en un esfuerzo constante. En su conclusión, recalcan que el escrito "no busca confrontación, busca trasladar una realidad que ya es visible en el día a día del servicio" y formulan dos exigencias concretas: "Que la representación de los trabajadores cumpla su función de velar por los intereses del personal de Asema y que Recursos Humanos, la EMA y la Junta de Andalucía tenga en cuenta estas peticiones".
