Agentes del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local de Málaga detienen a un individuo, natural y vecino de Málaga de 62 años, como presunto autor de un delito recogido en el capítulo V del código penal relativo a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, concretamente por poseer pornografía infantil, en este caso en un teléfono que figuraba como sustraído.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de septiembre en la barriada Parque Ayala, situada en el distrito Carretera de Cádiz, donde agentes de un equipo del GOA de la Policía Local de Málaga dieron el alto a un vehículo, identificando a los tres ocupantes, de 37, 41 y 62 años. Tras inspeccionar sus pertenencias comprobaron que el más mayor portaba dos consoladores, tres teléfonos móviles, dos tarjetas de memoria, un pen drive y una tarjeta SIM.
Los agentes del GOA llevaron a cabo las gestiones oportunas para comprobar la situación de los terminales móviles, pudiendo comprobar que uno de ellos había sido denunciado por sustracción el pasado 8 de agosto de 2021, hecho por el que fue preguntado el individuo, que manifestó que no era robado, accediendo a desbloquearlo.
En este momento, han precisado desde la Policía Local en un comunicado, los agentes observaron que en la pantalla aparecía una fotografía de una menor de edad desnuda y en actitud pornográfica, ante lo que el propio individuo llegó a manifestar que "poseía más archivos con menores desnudas pero que no era ningún pederasta".
Ante los hechos, los policías locales procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales, para, posteriormente, ser puesto a disposición judicial.
A falta de una investigación más exhaustiva con respecto al contenido de los mencionados dispositivos de almacenamiento que le fueron intervenidos, al detenido, al que le constan antecedentes delictivos, se le atribuye, en principio, la presunta autoría de un delito recogido en el artículo 189.5 del código penal: "El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años".
Comentarios