La Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática (Coand-MHD) ha elevado una petición a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a diputaciones provinciales y ayuntamientos de Andalucía para que, tras los plenos de constitución de estas instituciones, una vez celebradas las elecciones locales del 26 de mayo, "se creen en su seno áreas y delegaciones municipales de Memoria y Cultura Democrática" para atender a víctimas y familiares en esta materia.
En concreto, se trata de que dichas administraciones alberguen en sus organigramas estas oficinas "con el objetivo de garantizar los derechos de información, consulta, asesoramiento y tramitación de las víctimas y familiares en esta materia", según ha informado la Coordinadora en una nota de prensa.
Desde la Coordinadora argumentan que esta petición surge a consecuencia de "la paralización de las políticas de memoria histórica que hasta ahora se venían desarrollando en Andalucía, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, y ante la eliminación de las Oficinas de Memoria Histórica de las delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía", ahora gobernada por PP-A y Ciudadanos (Cs).
Al hilo, la coordinadora expresa también su "protesta y preocupación por el desamparo y abandono de las víctimas de la dictadura franquista desde la constitución del nuevo Gobierno de la comunidad autónoma".
Desde esta entidad subrayan que estas oficinas eran "la puerta de entrada para las peticiones de víctimas y familiares, ofrecían información y colaboración a ayuntamientos y asociaciones memorialistas; informaban sobre los procesos de exhumación, recogían las denuncias sobre los símbolos del franquismo en los espacios públicos y en el callejero, o cualquier otra circunstancia que hiciese necesaria sus actuaciones en el ámbito de la Ley 2/2017", de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
"Por tanto, estas áreas y delegaciones en ayuntamientos y diputaciones pueden ser esenciales para seguir aplicando la ley en vigor, promover y facilitar la continuidad e implementación de políticas de memoria histórica, y para a su vez dar respuesta a la situación de incertidumbre que provoca la suspensión de facto ejercida por la actual Administración andaluza", según concluye la coordinadora.
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